Pretender que el fallo no es conocido y se encuentra sellado de tal modo que desde que se hizo dicho procedimiento nada de lo discutido se sabe es pretender un engaño mayúsculo.
Los jueces son seres humanos, con una forma de ser propia, nombrados políticamente, es decir, afectos a las redes del poder y, por tanto, con nexos, obligaciones, y por sobre todo, intereses que defender.
De allí que las recientes reuniones entre el Ejecutivo y miembros destacados del Poder con el fin de prepararse para el fallo de la Haya se basan en indicios claros o simplemente ya se conoce lo sustancial del contenido que es lo que interesa.La fundamentación dará igual ahora pues hay que acatar la decisión que se exija ejecutar.
La discusión se ha centrado en los juegos de los sectores que se encuentran en una relativa confrontación secundaria en el país, por lo cual sus dos interpretaciones difieren en aspectos que no tocan lo estructural del tema.
El gobierno de Sebastián Piñera, previendo que pueda existir una sanción negativa a la Nación, ha manifestado que las culpas son compartidas si las existiese pues se siguió la línea de la ex mandataria, Michelle Bachelet.Por ello, todo lo que ocurra tiene un soporte y una culminación con responsabilidad mutua.
Por otro lado, la Nueva Mayoría se ha desligado de esta idea manifestando que la política seguida privilegió lo comercial desligándolo de lo político con lo cual dieron un claro signo a la Corte Internacional: decidan lo que decidan no pasará nada.
El ejemplo más nítido es haber premiado a Alan García, quien hizo la demanda de Perú y, además, es un adalid del neoliberalismo.
Lo oculto son dos mensajes que no han sido expuestos en los Medios debido a la concentración de éstos en pocas manos y claramente no están dispuestos a ver más allá de lo discutido públicamente.
Lo primero es que al país, así se lleven una porción de mar, no lo afectará más de lo que está pues prácticamente toda la Nación ya ha sido “concesionada” a multinacionales y a familias privilegiadas, es decir, casi nada es chileno sino que extranjero o de gente sin nacionalidad definida para los negocios(apátrida).
Lo segundo es que, independiente del uso que se pueda dar al fallo, para favorecer a grupos de privilegio internamente, la ciudadanía desconoce lo que ocurre en el país o se ha vuelto plena de una apatía que ha favorecido la sobreexplotación de los recursos naturales y la privatización de la vida en esta larga y angosta faja de tierra.
De lo anterior se desprenden varias conclusiones.
La primera, es indudable que habrá “desorden” en el país producto de diversas bombas detonantes, entre ellas, pensiones, carestía y despolitización obligada.
Otra, la ciudadanía tiene aquí una nueva posibilidad de enarbolar valores básicos a la nacionalidad integral como son la defensa de la pacha mama y la justicia distributiva.
Y por último, mientras el pueblo chileno no comprenda, sepa o actúe en consecuencia, sólo restará seguir creyendo que éste es un lugar donde el desarrollo ya nos condujo al cielo.