Es uno de los últimos capítulos de la progresiva liquidación del diario La Nación.La venta del archivo histórico a una universidad privada motivó críticas del director del Museo Histórico Nacional y del sindicato de periodistas del diario.
Al frente, el profesor Carlos Peña, Rector de la Universidad Diego Portales, defendió la compra de la casa de estudios, señalando en carta a El Mercurio que el archivo no era de propiedad estatal sino que de una sociedad anónima, concluyendo que, por esa razón, “no pasa de manos estatales a manos privadas, sino de una entidad privada a otra”.
Estos argumentos merecen algunos comentarios. En primer término, la Empresa Periodística La Nación no es una sociedad anónima común, sino que está sujeta a un estatuto jurídico especial que deriva de la satisfacción de una función pública.
Desde luego, al ser ésta una empresa en la que el Estado tiene participación mayoritaria – un 69%, en este caso- está sujeta a la fiscalización de la Contraloría respecto del cumplimiento de sus fines y la regularidad de sus operaciones, entre otras atribuciones.
Asimismo, el Congreso Nacional está facultado expresamente para requerir informes y antecedentes a la misma clase de empresas, dentro de las que se encuentra La Nación. En fin, la sociedad anónima La Nación debe cumplir ciertas obligaciones establecidas en la ley de Transparencia.
No resulta exacto, en consecuencia, afirmar que se trata de una “sociedad anónima con fines de lucro en la que el Estado tenía acciones”, habida cuenta, además, que su marcha y el destino de sus activos han sido definidos siempre por la autoridad pública.
Por otro lado, no puede controvertirse que las acciones de que el Estado es dueño en La Nación constituyen bienes nacionales.
De esta suerte, la liquidación de la empresa involucra un desprendimiento de patrimonio estatal, dentro del cual se ubica por extensión el archivo del periódico.
No debe escapar a esta observación que el archivo tiene un valor histórico vinculado al rol que el Estado desempeñó – bien o mal- como productor de información en la prensa escrita, de manera que no cabe calificar su transferencia sino como una privatización.
Finalmente, el real contrasentido que podemos advertir radica en presentar todas las acciones de desmantelamiento del diario como simples operaciones entre privados, en circunstancias que dicho proceso se inició en virtud de una decisión política de la actual administración.