Veo con preocupación la actitud que nuevamente han adoptado políticos, medios de comunicación y la ciudadanía en general frente a la notificación que presentara Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el pasado 24 de abril. En ella se anuncia una demanda que reclama la “obligación de la República de Chile a negociar con Bolivia, efectivamente y de buena fe, para alcanzar un acuerdo que restituya una salida soberana de Bolivia al Océano Pacífico”.
La notificación presentada por el ex presidente –hoy agente ante la CIJ- Eduardo Rodríguez Veltzé, señala que Chile, más allá de sus obligaciones legales, se ha comprometido a negociar un acceso soberano al mar, mediante la celebración de acuerdos, la práctica diplomática y una serie de declaraciones de sus autoridades de mayor rango. Lo cual habría generado, en opinión de Bolivia, obligaciones internacionales por cuanto crearon expectativas que esto se haría realidad.
Las autoridades chilenas han rápidamente enfrentado la situación, reafirmando la posición chilena que señala que no existen asuntos pendientes entre ambos estados, que el tratado de 1904 es claro y que Chile ha cumplido con sus obligaciones.
Sin embargo, atacar públicamente la posición boliviana argumentando que “no tiene fundamento”, o incluso ironizándola bajo el concepto de los “derechos expectaticios”, no aportan en nada en la resolución de la controversia y sólo contribuyen a aumentar las animosidades entre ambos estados, motivo precisamente por el cual ya nos encontramos en esta situación.
Argumentar que presentarse ante La Haya pueda ser una solución óptima para resolver definitivamente la situación boliviana, rindiendo nuestra capacidad de negociar soberanamente, y sometiéndose a un tribunal internacional que puede o no acoger los argumentos bolivianos, es caer nuevamente en los triunfalismos que no ayudaron en nada en el diferendo con Perú.
Por lo demás, la notificación boliviana no pretende someter su aspiración marítima a discusión, sino los actos del Estado de Chile en la materia.
Tampoco podemos desestimar a priori las cualidades jurídicas de la tesis boliviana. En el derecho internacional existe efectivamente un debate teórico sobre los actos jurídicos unilaterales y la posibilidad de exigir su cumplimiento, aunque tal vez con mayor explicitud y acompañados de práctica y ejercicio de dichos derechos.
Menos podemos desconocer la inteligencia de la contraparte en presentar sus intenciones antes del esperado fallo entre Chile y Perú, sentando el precedente de sus aspiraciones antes de cualquier posible modificación a las fronteras marítimas.
Sentirse triunfadores antes de siquiera comenzar este proceso no sólo es poco cauto, sino que errado. Que dos de nuestros vecinos hayan optado por la vía de la CIJ se debe asumir como una derrota que, si bien está matizada por la naturaleza bilateral de los temas, no excluye la omisión de propuestas concretas para evitarlo o las escaladas discursivas que se dieron, por ejemplo, a nivel presidencial a comienzos de este año.
Será labor del equipo chileno entonces presentar o no un recurso de incompetencia ante la corte, dentro de los tres meses siguientes a que efectivamente se envíe la demanda a La Haya.
En dicho sentido, es rescatable la nominación de un perfil como el del Embajador Felipe Bulnes como agente ante el tribunal, quien deberá presentarse al presidente de la Corte, Peter Tomka, el próximo 12 de junio para fijar los plazos del proceso.
El equipo chileno debe enfrentar un arduo trabajo de investigación para presentar los argumentos de Chile, trabajo que para algunos de nosotros sería prudente que el Embajador Bulnes encabezase desde ya con dedicación exclusiva, dada la sensibilidad que genera ante la ciudadanía.
Desde ahora, y tal como lo ha hecho con Perú, Chile debe aprovechar la oportunidad de explorar otros temas de cooperación e integración que han sido interrumpidos por la preponderancia del tema marítimo en las relaciones bilaterales.La opción por la solución pacífica de controversias obligará a Bolivia a restarse de campañas en foros internacionales, lo que abre la puerta a una relación bilateral por cuerdas separadas durante los años que se asume durará el proceso judicial.
Con la seguridad de los argumentos jurídicos de nuestra parte, es nuestra misión entonces explorar y proponer soluciones definitivas que reconozcan las limitantes de las relaciones bilaterales, pero con una actitud proactiva, que traiga alternativas viables a la mesa de negociación.
Si la soberanía no es un tema a tratar, debemos seriamente considerar tratos más favorables que los actuales para Bolivia, quedando así establecido entonces que será responsabilidad de nuestra contraparte si no prosperan las negociaciones.