A propósito del interés suscitado por las designaciones para Contralor General y Fiscal Nacional, personas que deben ser propuestas por la Presidenta de la República al Senado que ratifica las mismas con un elevado quórum, que complejiza al máximo el proceso de decisión, se ha ido creando una expectativa de enorme trascendencia nacional.
En tal contexto, se insinuó a través de repetidas filtraciones mediáticas, por obvios motivos anónimas, que lo mejor era la solución negociada de ambas responsabilidades; es decir, la vieja y gastada idea del “trueque”, que todos quedasen contentos, unos se quedan con uno y los demás con el otro.
Una especie de club informal de agentes todopoderosos y desconocidos, pero tan potentes, como para que sus presiones fuesen de tal entidad que llegasen a resolver estos temas cruciales de la actualidad del presente político, incluso obligando a que la autoridad presidencial firmase el nombre por ellos decidido.
Finalmente, algunos medios han perfilado una leyenda en que se mezcla la megalomanía de ciertos personajes con la fría capacidad de presión de otros.
Por tanto, el problema principal pasa a ser la intencionalidad de estos trascendidos. En mi opinión, intentan opacar, enturbiar y horadar la transparencia que requieren estos pasos institucionales. Ese es el punto en cuestión, no es que los senadores apoyen o no la propuesta, en un tema en el cual deciden.El propio gobierno abrió consultas sobre la materia, haciendo público el rol en las gestiones de los ministr@s del Interior y de Justicia; lo impropio se establece en el verdadero canje que se estaba propiciando para socavar la autoridad presidencial y del que se ha tomado nota con las filtraciones.
Ante la designación de ambas investiduras, tras las cuales están decisivas responsabilidades de Estado, la tarea del Senado es la valoración de los antecedentes, idoneidad para el ejercicio y eficacia en el cumplimiento de las mismas de las personas que postulan; en consecuencia, no se trata de armar un puzzle de carácter micro político, que no haría más que menoscabar la relevancia de las funciones a realizar en tales cargos.
Ahora bien, es de especial cuidado la situación que rodee la designación del Fiscal Nacional. Como es sabido, la tarea es clave en la indagatoria de las irregularidades vinculadas al financiamiento indebido de campañas electorales que mantienen preocupado al país, así como el llamado caso Caval que afecta al hijo de la Presidenta.
La rectitud con que actúe el futuro Fiscal Nacional será determinante para la opinión pública, no puede haber sombra alguna en su actuar.La persona designada para suceder a Sabas Chahuan no puede ser motivo de sospecha. Cualquier duda, en el sentido de ser permeable a presiones o lobby sería fatal. El descrédito hacia el sistema político, enorme; no puede haber ningún “arreglín”, menos en un contexto de opinión pública en el que se desatarían las peores expresiones de rechazo, ante tal impensable despropósito.
El escenario político es resbaladizo, es allí donde se inserta el Senado y en el cual su disposición juega un rol crucial, no puede sino asumir su decisión con plena responsabilidad del momento que vive el país. No hay espacio para darse lujos de ningún tipo. La transparencia de su actuar es fundamental.
De manera que hechos que dañen la transparencia en este proceso no son bienvenidos, no pueden conducir a buen puerto.
Lo que se espera ahora es que la propuesta presidencial sea votada, respaldada y no intermediada por ninguna escaramuza que afecte la objetividad y correcto actuar de la nueva autoridad aprobada que estará bajo celosa observación del país.