Para quienes viven su vida cotidiana en un lugar determinado, es muy fácil entender que ese lugar constituye el marco de posibilidades y restricciones que enfrenta para obtener un empleo, educar a sus hijos y acceder a una adecuada calidad de vida.
Quien vive en una región minera sabe que parte importante de sus alternativas laborales están ligadas a dicha actividad, sea de manera directa o a través de la provisión de servicios para el sector; quien habita en la gran ciudad sabe que tiene acceso a una oferta mucho más diversificada de servicios; quien lo hace en un sector rural de la zona sur, muy probablemente estará ligado directa o indirectamente a la actividad agrícola.
Lamentablemente esto que resulta tan evidente para las personas, no lo es tanto para las políticas públicas, que tienden a ser ciegas a las condiciones económicas territoriales y las oportunidades que estas condiciones ofrecen a sus habitantes.
En Rimisp venimos insistiendo hace ya un buen tiempo acerca de la necesidad de diversificar la oferta de políticas públicas a la heterogeneidad territorial, de manera tal que en lugar de ser un factor que acreciente las desigualdades territoriales, las políticas públicas contribuyan a su reducción.
En la implementación del Programa Más Capaz del Sence encontramos un buen ejemplo de esta “ceguera”, que desafortunadamente se repite de localidad en localidad, al menos hasta donde la evidencia de nuestras investigaciones en curso nos ha ido permitiendo constatar.
Más Capaz es un programa nuevo, cuyo foco está adecuadamente puesto en la capacitación de los dos sectores que enfrentan mayores dificultades de empleabilidad y más altas tasas de desempleo: los jóvenes y las mujeres. Pero la oferta de cursos que realiza es estandarizada, muchas veces alejada de las demandas y necesidades efectivas de la población vulnerable en distintos lugares del país.
Potenciales usuarias indígenas del Programa en comunas rurales de La Araucanía, por ejemplo, demandan acceso a cursos de gastronomía mapuche, gestión de turismo rural u otros culturalmente pertinentes, pero reciben a cambio una oferta para capacitarse en manipulación de alimentos o contabilidad.
La escasa pertinencia se observa también en la falta de articulación del programa con otras iniciativas dirigidas a los mismos sectores de población –mujeres en este caso- que han dado varios pasos más adelante en el empoderamiento y la formación de mujeres.
Conversaciones con diversos actores públicos en Chiloé son enfáticos en este sentido, cuando señalan que Más Capaz exige que las beneficiarias no hayan terminado el segundo ciclo de educación media o trabajen informalmente, exigencia que parece un despropósito en un contexto en que se registran importantes esfuerzos previos de política pública que han permitido a muchas mujeres terminar su educación media o formalizarse, quedando incapacitadas para acceder a estas capacitaciones.
Cuesta entender qué tan difícil puede ser gestionar una oferta de capacitación más pertinente a las dinámicas económicas territoriales.
Si las dificultades radican en una estructura de administración centralizada y estandarizada, entonces éste es otro buen argumento para avanzar de una vez en la tan anhelada transferencia de competencias a los gobiernos regionales en materias de desarrollo social y fomento productivo.