Convocar a un conclave de la coalición de gobierno es una decisión que apunta a generar orden y conducción política en un escenario político complejo. La configuración del actual escenario está dado por la crisis de confianza en la clase política por parte de la ciudadanía, afectando la conducción del gobierno encarnado en la figura presidencial. Esto se torna más complejo si se tiene presente que el gobierno está llevando adelante un programa de reformas estructurales para el cual requiere un capital político con el que ya no cuenta. Así, el desafío que se impone a la Nueva Mayoría se torna mayúsculo.
La necesidad que tiene el gobierno de convocar a la Nueva Mayoría a un cónclave tiene justamente que ver con el capital político perdido. La forma de recuperarlo es volver a construir una hoja de ruta común con los actores políticos, los partidos y parlamentarios, sólo desde allí se podrá volver a construir un piso de apoyo para llevar adelante las tareas de gobierno. Si desde el ejecutivo esto no se comprende, las dificultades que conlleva la descapitalización política seguirán en aumento.
Si la conducción política sigue siendo ambigua, lo que se traduce en ausencia de diálogo y articulación, la sobrevivencia Nueva Mayoría corre riesgo. Podemos llegar al punto que las tensiones a las que somete el gobierno a su coalición la terminen quebrando, esas tensiones se originan en una falla de la conducción política gubernamental, la que no logra entregar certidumbre sobre una hoja de ruta clara e integradora.
Hasta el momento, nada indica que en el cónclave se vaya a generar diálogo y orden, tal vez algunos apuesten a un ejercicio de disciplina para conseguirlo, eso sería un error, ya que lo único que se lograría sería producir un mayor malestar. El cónclave debería ser una instancia donde se llegue a ratificar un acuerdo sobre una hoja de ruta del conjunto de temas relevantes del programa de gobierno sobre los que es necesario tomar definiciones. Lo anterior debe ser dialogado y consensuado con todas las fuerzas políticas de la Nueva Mayoría, para eso se requiere un trabajo previo que urge realizar.
La hoja de ruta debe contener definiciones sobre los temas fundamentales que actualmente nos tensionan y generan incertidumbre. En la reforma laboral debemos definir con claridad qué es lo que se modificará en el Senado de lo aprobado en la Cámara. Respecto de la reforma tributaria, hay que despejar si se pretende hacer una modificación legal o continuar clarificando vía circulares. En Carrera Docente hay que establecer cuál será el ámbito de modificación que el Ejecutivo introducirá con sus indicaciones. En el tema de la gratuidad de la educación superior, hay que establecer el itinerario de implementación, cobertura y el porcentaje de gratuidad que se logrará implementar en éste periodo.También en la descentralización es importante sincerar cuánto y en qué se va a avanzar.
Finalmente, en el tema de la nueva Constitución hay que plantear que su elaboración quedará para el próximo periodo, pero que en éste se dará inicio al proceso de debate y se definirá el mecanismo de manera democrática con la ciudadanía.
En definitiva, lo que está en juego es la legitimidad de la Nueva Mayoría como coalición de gobierno ante el país. Cuando se inicia un proceso de reformas y estas entran en momentos difíciles para su aprobación, se requiere liderazgo para entregar definiciones sobre cómo enfrentar esas dificultades.
No se está pidiendo tomar decisiones precipitadas, sino dar cuenta del tiempo transcurrido y el daño político causado producto de la ausencia de una conducción política eficaz para hacer frente a este desafío. Evitar el socavamiento de la legitimidad como coalición de gobierno es una tarea prioritaria. Tenemos el deber ante el país, como coalición gobernante, de terminar con las incertidumbres y entregar definiciones, es inaceptable no tomar decisiones cuando se gobierna.