Luego del intercambio de opiniones surgido una vez realizado el cónclave del gobierno, en el cual la PresidentaBachelet, dijera que las reformas establecidas en su Programa no son posibles de realizar simultáneamente, se expresó la diversidad de fuerzas y opciones que es propia del bloque de la Nueva Mayoría, en un necesario y legítimo debate de quienes están comprometidos con la suerte del actual gobierno y sus proyecciones.
Sin embargo, en los momentos de dificultades que vive el gobierno es realmente un contrasentido intentar crear una suerte de resistencia a la decisión presidencial de aplicar el criterio estratégico de “realismo sin renuncia”, a partir del hecho confirmado que las reformas comprometidas con el país, no son simultáneas y requieren un Estado sólido que las realice.
Aunque muchas personas se hubiesen convencido que los cambios se precipitarían de inmediato, las transformaciones estructurales son graduales, por cuanto se apoyan y retroalimentan entre sí.
Incluso más, el elevado financiamiento que asegura su viabilidad condiciona su desarrollo y el ritmo de las mismas, en definitiva, su propia implementación a largo plazo. Sería lamentable que las reformas se cayeran por que el Estado no es capaz de soportar el esfuerzo y su base institucional se fracturara en su desarrollo.
Hay quienes insinúan que la solución a la estrechez derivada del bajo crecimiento y la disminución de los recursos provenientes del cobre es un mayor endeudamiento del país; se imaginan a la autoridad económica viajando a Wall Street colocando un nuevo bono soberano, en medio de las sonoras campanillas con que los banqueros festejan tales sucesos que engordan sus activos.
Ese es pan para hoy y hambre para mañana. La actual generación no tiene derecho de dejar endeudado el país y que luego se tenga que ceder, incluso en aspectos claves de la soberanía nacional, como ahora le ocurre a Grecia, cuando llega la hora de pagar lo que parecía tan fácil. Antes, venían los inspectores del FMI y dictaban lo que se hacía y lo que no se hacía con los recursos del país; en los años 80 esta fue una práctica habitual. Uno de los mayores logros de la Concertación, desde los 90 en adelante, fue sacarle a Chile esa soga asfixiante. Sería lamentable volver a tal situación.
Puede ocurrir que ciertos personeros no den la debida importancia al déficit de 3% que se calcula para este año, pues se habla que basta un “bono soberano” y asunto arreglado. El problema es que financiar la política social que acerque a Chile, paso a paso, hacia un Estado social y democrático de Derecho es una tarea que se presentará todos y cada uno de los años venideros, porque precisamente las reformas tienen como sentido revertir la inequidad que viene desde la cuna, con una Educación que permita que las personas desplieguen plenamente sus potencialidades.
Desde luego que financiar más de 800.000 mil millones de pesos deficitarios este año, de acuerdo al Informe entregado esta semana en la Cámara de Diputados, más los costos financieros que esa carga genera y los nuevos gastos sociales provocados de una sola vez sería imposible en el corto plazo, debido a que también, el ministro Valdés estimó que habrán ingresos inferiores a los calculados para este año en más de 1500 millones de dólares.
Además, nunca se debe olvidar que cuando se trata de reformas estructurales hay que tener recursos permanentes, ya que los mayores gastos no son desembolsos para una sola ocasión, sino que obligaciones que año a año el Estado se obligará a cubrir, salvo que no pueda hacerlo y las reformas se desplomen por la incapacidad de sostenerlas.
Con las esperanzas ciudadanas no se puede jugar, por tanto, deben visualizarse desde ya los recursos necesarios, de modo especial, hay que asegurar el financiamiento de la reforma educacional a largo plazo.
Así que, ¡ojo! con el populismo y la demagogia que promete inescrupulosamente una solución inmediata cuando ella no es posible. Esas falsas promesas derrumban finalmente la confianza en las políticas sociales y desploman la credibilidad del sistema político. La derrota a evitar es que una presión cortoplacista inviabilice las transformaciones que Chile necesita.
De modo que la responsabilidad fiscal nada tiene que ver con la ideología neoliberal, para la que todas estas demandas no debieran ni siquiera plantearse, ya que se resuelven por la mano invisible del mercado. En cuanto a la tesis de que hay que gastar no más porque es una “necesidad política”, sólo se debe recordar que ese es un breve entusiasmo que se termina a la hora de recortar o suprimir gastos sin ninguna posibilidad de financiarse.
Se han conocido frases impactantes, como que estamos ante una rendición o un abandono generado por el chantaje empresarial; no hay que deslizarse por una pendiente que exacerba la retórica ya que ese hábito, de intoxicarse en los propios dichos, es un tobogán sin fin. De hecho, el camino de las reformas se vio decisivamente entorpecido por las malas prácticas y los escándalos de corrupción que situaron al gobierno en la situación política más delicada que se ha producido desde la restauración democrática en 1990.
Claro que no se trata de la sumisión ante la desigualdad económica y social que tanto afecta la fortaleza y legitimidad de la democracia chilena. En tal sentido, es fundamental un camino estratégico que asegure la viabilidad del proceso de reformas.
No es un realismo conformista que abandone la meta de avances civilizacionales que Chile, con sus progresos sostenidos y meritorios, está en condiciones de alcanzar. No hay que temer al proceso de reformas, pero tampoco se puede creer que se haga de un día para otro, y aún menos se debe olvidar que el costo fiscal que las garantiza es permanente.
Desde esa mirada no se advierten razones fundadas para lesionar la tan necesaria unidad de las actuales formaciones políticas gobernantes en el país. Aún más, constatando que el pluralismo y la diversidad, que es un valor del bloque de la Nueva Mayoría, significa también legítimas diferencias de opinión en su seno, hay que colocar el acento en lo que une y no en lo que divide, con vistas a que prevalezca su unidad y logre asumir como corresponde su responsabilidad de gobernar Chile.
Una perspectiva de realismo sin conformismo es hacerse cargo coherentemente, a largo plazo, de la gran tarea de derrotar la desigualdad, ese resulta ser el desafío esencial. Hay que superar las dificultades y lograr que las reformas estructurales se afiancen y articulen con un crecimiento económico sustentable. Así lo hace necesario la estabilidad democrática de la nación chilena; por ello, no se trata de mera compasión social que mitigue el dolor de algunas familias ocasionalmente.
Con tal propósito se debiese entregar instrumentos eficaces al conjunto de los sectores sociales del país y valorar su trabajo, con vistas a que construyan y aseguren un espacio de dignidad y prosperidad a los suyos, con una justa y equitativa distribución de la riqueza que Chile es capaz de producir y crear, a fin de garantizar la cohesión social que permita seguridad y crecimiento como nación.