Desde el retorno de la democracia en 1990 a la fecha, sumamos ya 6 gobiernos y 42 legislaturas en el Congreso, la población del país ha crecido de 13 a 17 millones, nuevas comunas y regiones han sido creadas a costa de las ya existentes y los Consejos Regionales son ahora electos, pero la deuda del Estado chileno con su territorio y su gente en materia de descentralización está lejos de ser saldada.
Sabemos que el desarrollo de Chile dependerá del nivel de desarrollo de sus regiones pero los avances son tímidos, o su tramitación ha resultado, cuando menos, lenta. Y nos quedamos a la orilla de un camino que debimos haber comenzado a recorrer hace bastante tiempo.
El proyecto de Reforma Constitucional que establece la elección directa de intendentes está recién en primer trámite. Falta aún el segundo trámite y luego hay que despachar la ley regulatoria. Nadie discute que elegir al intendente mediante un sistema democrático en la propia región es un progreso, pero al día de hoy no tenemos claridad si esa elección será el 2017 o incluso el 2021.
Algo similar ocurrió con la elección directa de los Consejeros Regionales. La ciudadanía los votó por primera vez en 2013, sin saber con claridad cuál es el rol del CORE –a pesar de que existe desde hace décadas-, y sin saber los propios candidatos en qué condiciones realizarían sus labores.
Con urgencia, tuvimos que legislar sobre las funciones y atribuciones del Presidente del Core y también para establecer algunas mejoras básicas en las condiciones laborales de los consejeros.
El proyecto de fortalecimiento de la regionalización fue ingresado al Congreso en octubre de 2011, y hoy se encuentra en segundo trámite con una extensa indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo en enero último, que recoge parcialmente algunas propuestas de la Comisión Presidencial para la Descentralización.
Sin embargo, este proyecto no logra –a mi modo de ver- desprenderse completamente del estilo centralista, en tanto propone un modelo de transferencias de competencias rígido y complejo, con muchos requisitos para materializar la transferencia propiamente tal. Además, establece la figura del gobernador regional, que resta atribuciones al intendente electo, y propone el incremento de divisiones y unidades regionales.
Así, hay un riesgo inminente de sobrepoblar las dependencias de los gobiernos regionales con mayor burocracia y conformar una estructura obesa, difícil de moverse con la agilidad que el desarrollo de las regiones exige.
El panorama no es del todo alentador. Se requiere de un impulso más concreto, menos burocrático y más eficiente, de modo que el compromiso de fortalecer la regionalización tenga un correlato concreto en gobiernos regionales y municipios que cuenten con capacidades y recursos económicos y humanos para constituir, efectivamente, un aporte a la descentralización y a las aspiraciones de las regiones.