¡Son tantas las cosas que dan vuelta por la cabeza y el corazón cuando arrecia la corrupción en el mundo político! Pero, hay un momento en el cual hay que ser capaz de analizar y comprender en el contexto debido lo que está sucediendo. El Servicio de Impuestos Internos, debidamente alertado por funcionarios y por personas vinculadas a ciertas empresas, investiga un fraude tributario, que consiste en que la empresa aumenta artificialmente sus gastos con facturas o boletas por servicios que no han sido prestados. Pero, la empresa ha sacado esos dineros de sus arcas y han ido a parar a personas que están vinculadas con el quehacer político.
Consultada la empresa, ésta entrega información detallada diciendo que esos servicios efectivamente no se prestaron y que el dinero entregado era para financiar las actividades de esos políticos, ya fuera para sus campañas o simplemente para contribuir al enriquecimiento de esos políticos o sus familiares.
Eso es lo judicial. Por eso hay querellas y acciones ante la Fiscalía y los Tribunales.
Pero tras esto hay una cuestión política y ética, que desde el punto de vista de la democracia y de las organizaciones políticas, merece un pronunciamiento.
Veamos al político. Caso uno, recibe dinero para el financiamiento de su campaña. Ese aporte puede ser legal y secreto, espontáneo de la empresa en cuestión. Hay políticos que han dicho públicamente que ninguna empresa da si acaso no se le pide, lo cual deja el secreto en algo falso. Entonces el político va a pedir a una empresa y luego le aparece un aporte “anónimo” en el Servicio Electoral. Puede ser legal, pero no huele bien.
¿Por qué una empresa dona a un político? Es evidente que la primera razón es porque ese político tiene posiciones que son coincidentes con los intereses empresariales. La segunda es que después del aporte se espera que el político apoye los intereses de la empresa.
Ahora bien, el político no está obligado a recibir el dinero, menos aun cuando el Partido al que pertenece – como es el caso de la Democracia Cristiana – ha acordado en su órgano supremo el rechazo al financiamiento empresarial de las campañas. Cada político que recibió ese dinero se expone a las presiones que después pueden venir sobre él (o ella) y en el caso de los de la DC se pone fuera de la disciplina partidaria.
Es un acto legal, pero ilegítimo e indisciplinado. Es un acto que merece reproche político y ético y por lo menos lo pone en pie de sospecha. Yo, como militante DC, esperaría que todos los militantes que recibieron dinero de empresas para sus campañas sean sancionados por evidente acto de desacato al Congreso del Partido. Pero, ese aporte puede ser ilegal, es decir, hecho fuera de los procedimientos que permite la ley. En ese caso se está cometiendo una grave falta y probablemente un delito. Pero sobre todo se está cometiendo una grave falta ética al usar mecanismos fraudulentos para obtener dineros que no le corresponden. Con ello aumenta su grado de dependencia o compromiso con quien le da ese dinero, lo que evidentemente corrompe el carácter democrático de su mandato.
Cualquiera que sea el Partido, lo menos que se puede esperar es que esa persona sea sancionada por los tribunales propios de su organización por grave falta a la ética, aunque no sea condenado por los tribunales.
Porque alguien puede ser absuelto judicialmente por muchas razones, pero eso no borra la conducta ni su carácter de falta ética. En el caso de la Democracia Cristiano, por sus principios y tradiciones, yo esperaría que ese político fuera condenado severamente por el Tribunal partidario. Es decir, puede que el político no haya emitido boleta ni factura, pero sus allegados lo hicieron. Puede que en el PPD – partido nuevo, sin doctrina – se queden tranquilos con que el empleado de su senador por Santiago haya sido condenado, no tomándose medida alguna respecto del senador que se benefició con esas conductas, ni siquiera un reproche verbal, pero eso no puede pasar en un Partido con doctrina, con ética, con tradiciones arraigadas, con una trayectoria histórica de honestidad.
El argumento dado por algunos políticos, más en privado que en público, en el sentido de que si no se usan esos procedimientos quedaría en desventaja frente a sus rivales, no resiste análisis. Lo que se está justificando es una “carrera” delictual o inmoral. La necesidad de limpiar la política exige trabajar con la verdad y sin acciones fraudulentas aun a riesgo de perder.
Caso dos: un político o sus parientes reciben financiamiento por trabajos que no se han realizado.Eso es trabajar con la mentira y obtener dineros que se mantendrán ocultos, sin más finalidad que financiar al dirigente. Busquemos la figura legal que se quiera, pero situados en la ética y la política eso no es correcto. Al menos puedo decir que no lo es para los que creemos en la limpieza de la acción de los políticos como requisito de la democracia.
Es evidente que lo persigue el donante es asegurar que ese político actuará – en el gobierno, en el Congreso o en otro espacio de decisiones o difusión – de acuerdo con los intereses de la empresa. Se establece una dependencia que distorsiona el sistema. Los votantes de la DC por ejemplo creen que el político hará ciertas cosas, pero no sabe que cuando se enfrente a los intereses de sus donantes y financistas, hará algo distinto de lo proclamado.
Imaginemos que el trabajo se realizó. Cuando los hijos o hijas, la cónyuge, la pareja, los parientes cercanos de un político se ven favorecidos con decisiones de una empresa, es inevitable que el dirigente se sienta presionado y, por lo tanto, si quiere seguir siendo dirigente, al menos debe trasparentar los hechos voluntariamente y sin que sea requerido para eso y abstenerse de tomar decisiones que se relacionen con esos intereses.
El dirigente, favorecidos sus relacionados con decisiones “exageradas” (informes no necesarios, funciones sobre pagadas, encargos que exceden las competencias del que recibirá el dinero) debe ser capaz de hacerse un lado de los puestos más altos o de situaciones en las que debe tomar decisiones de trascendencia. Es lo menos que se puede esperar. Y si no lo hace, como no lo han hecho muchos de ellos, deben ser sancionados por las institucionalidades de sus partidos. Al menos es lo que se esperaría en la Democracia Cristiana.
Es curioso que haya personas que siendo muy jóvenes reciban el privilegio de tener cargos de confianza política en el gobierno, sin ser militantes ni políticos, sin tener grandes competencias para esos cargos ni la experiencia suficiente y paralelamente tengan una o más empresas que hacen trabajos ajenos a su competencia para terceros que negocian con el Estado. Y la actividad de su empresa se limita a unas pocas boletas para una misma contraparte. Más curioso es que el que paga diga que no tiene respaldo, que nunca le entregaron el informe encargado o que no era algo que necesitara. Y que el Servicio de Impuestos Internos lo considere suficiente para iniciar una acción en contra de todos los involucrados.
Es curioso que SOQUIMICH, por ejemplo, haya necesitado tantos informes comunicacionales. Todo es raro. Y lo más raro es que el Tribunal Supremo de la DC diga que no tiene competencia, pese a que los estatutos le señalan no sólo competencia apropiada, sino que le ordena proceder de oficio cuando haya hechos públicos que comprometan el prestigio o los intereses del Partido.
Lo que pasa es que algunos dicen ser honrados, pese a que todas las apariencias tienden a sostener lo contrario. Es delicado. Como lo que se exigía a la mujer del César, no sólo ser honrada sino aparecer como tal, sin mantos de dudas sobre ella.
Es cierto que resulta difícil pedir al que ha violado la ética, que lo reconozca y se margine. Pero más allá de llamar a su conciencia, hay que apelar a la conciencia de quienes están cerca de ese militante para que le digan que mientras las cosas no estén claras para todos no debe ejercer sus derechos de militante, cualquiera que éstos sean.
Y si no, los ciudadanos deberán ejercer sus derechos y tomar el toro por las astas.