No hace falta hurgar en la crudeza de galardonadas series como “House of cards” -tan en boga en estos tiempos- para encontrar casos de grandes compañías que buscan controlar la labor legislativa en el Parlamento, a través del financiamiento millonario de las campañas de los congresistas. Hoy en nuestro país tenemos material de sobra para inspirar un guión de descarnado realismo político.
En palabras del protagonista y manipulador de este “Castillo de naipes”, Francis Underwood, el diputado jefe de la bancada demócrata que a punta de oscuras conspiraciones que dejan como principiante al mismísimo “Príncipe” de Maquiavelo, logra escalar hasta convertirse en el Presidente de Estados Unidos, “hay muchas cosas sagradas a las que les tengo respeto. Las reglas no son una de ellas”.
En Chile, primero el caso Penta y, ahora, la arista SQM han ido dejado al descubierto un sistema de control planificado y sistemático de la agenda legislativa a través de aportes financieros ilegales de estos holding a los candidatos elegidos; una estructura que se aleja tanto de las “reglas” que llega a constituirse en una “máquina para defraudar al fisco”, como la calificara el fiscal Carlos Gajardo en la audiencia de formalización del Pentagate.
No les bastó con los millonarios aportes reservados y anónimos que la ley actual permite a las empresas (pero que quedan prohibidos en el proyecto de ley de financiamiento de la política recientemente enviado al Congreso por el Ejecutivo).
Estas poderosas compañías – coincidentemente, surgidas de la privatización de empresas públicas en dictadura- traspasaron la línea de la legalidad al financiar campañas de parlamentarios a través de boletas ideológicamente falsas, cooptándolos para que legislen según sus intereses.
Como diría Underwood, “el ascenso no se consigue siguiendo las reglas del juego, sino creándolas”. “Los Carlos”, del grupo Penta, y Julio Ponce Lerou, de SQM, establecieron sus propias reglas para hacerse del botín del Estado al alero de Pinochet, para multiplicar sus ganancias de manos de la especulación hasta construir vastos imperios económicos y para intervenir en la política desde su posición de poder financiero, saltándose las normas que el sistema electoral se ha dado. Los hasta ahora exitosos controladores de holding, representan un modelo de empresariado hoy cuestionado por la forma de incrementar sus ganancias y por salirse de las reglas para querer controlar la política.
Por años emitieron boletas por trabajos no realizados, alteraron sus estados contables, evadieron el pago de impuestos, defraudaron al fisco y, de paso, recibieron devoluciones tributarias que no les correspondían. “Delito reiterado”, fue la figura jurídica alegada por los persecutores en el caso Penta que permitió que se dictaran medidas cautelares de alta intensidad -como la prisión preventiva- para los controladores de este grupo empresarial, que tiene un patrimonio de más de US$1.000 millones. Al parecer, se trataba de un modus operandi habitual y más transversal de lo que inicialmente se creía.
Era sabido que en democracia la derecha económica financiaba a la derecha política, así como en dictadura la primera compró las empresas públicas que la segunda le vendió a muy buen precio, en el saqueo al Estado chileno durante las privatizaciones. Fue un negocio redondo para las que luego se constituyeron en las grandes fortunas de nuestro país.
También se sabía que los gastos reservados representaron el 48% del total de dineros declarados para financiamiento electoral en las últimas parlamentarias y que la UDI fue el partido que más los recibió, alcanzando los $900 millones.
Lo que sólo supimos con la aparición de la arista SQM de financiamiento ilegal de campañas políticas, es que esa práctica no se concentraba únicamente en los candidatos de derecha, sino que había traspasado el límite ideológico y también ético. Que parlamentarios de sensibilidad política de centro izquierda hayan sido capaces de recibir recursos ilegales para financiamiento de sus campañas de uno de los beneficiarios del dictador Pinochet, que está imputado por uso de información privilegiada en el caso Cascadas y ahora requerido por la justicia norteamericana por demandas de accionistas minoritarios -el Presidente de la minera no metálica, Julio Ponce Lerou-, es un síntoma más de la gravedad de la crisis de legitimidad de la clase política de la que no se escapa la Nueva Mayoría.
Las estrategias dilatorias y obstruccionistas a la justicia de SQM, que llegaron incluso al Tribunal Constitucional para ganar tiempo hasta que en abril se cumpla la prescripción de los delitos tributarios de 2009 y que hicieron que se quebrara su directorio con la salida de los canadienses Potash, encendieron las alarmas sobre los eventuales involucrados en este nuevo caso de delitos tributarios.
El yerno de Pinochet
Además de las implicancias legales de recibir aportes a través de boletas ideológicamente falsas, la dimensión ética de los receptores se ve cuestionada aún más cuando el “mecenas” es reconocido como uno de los civiles que más profitó de sus redes con la dictadura como yerno de Pinochet; que fue cuestionado en la dirección de empresas públicas como Corfo, Conaf, Iansa, lo que en 1982 le valiera que los propios adherentes al dictador lo denunciaran por enriquecimiento ilícito ante el Consejo de Defensa del Estado; y que posteriormente viera incrementarse aún más su patrimonio con las privatizaciones de empresas públicas, cuando se hizo de la propiedad de la entonces Soquimich, hoy SQM.
Las platas eventualmente recibidas por algunos parlamentarios, provienen de quien fuera multado por la Superintendencia de Valores y Seguros con la histórica suma de US$164 millones en la investigación del caso de las sociedades Cascadas, por infringir consistente y reiteradamente la Ley de Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas, a través de una serie de operaciones lideradas por Ponce Lerou para dejar disponibles paquetes de acciones y luego recomprar dichos títulos a precios mayores que el inicial.
En materia jurídica, además del caso Cascadas, Ponce Lerou enfrenta la arista SQM de financiamiento ilegal de campañas políticas, en que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal por delito tributario por la rebaja indebida de la renta líquida imponible por la compañía, al registrar como gasto en su contabilidad boletas de honorarios falsas; la Superintendencia de Valores y Seguros formuló cargos contra todo su directorio, por eventuales infracciones en la calificación de información esencial de la compañía para difusión al mercado; y en que accionistas minoritarios, que han sufrido pérdidas en la bolsa de Nueva York, ya han interpuesto tres demandas colectivas en Estados Unidos por no presentar de manera correcta la información sobre las operaciones de la compañía y por no contar con los controles internos adecuados sobre los reportes financieros.
Asimismo, si el organismo encargado de fiscalizar y regular la industria de valores en Estados Unidos, el SEC, decidiera interponer una demanda (dado que SQM cotiza en la bolsa de Nueva York), el directorio de la compañía arriesgaría multas que podrían llegar a los US$800 millones y penas de presidio efectivo de hasta 20 años. La globalización de la justicia podría sancionar penalmente los delitos de cuellos y corbata de Ponce Lerou, de los que hasta ahora ha logrado zafar.
Otro coletazo del fraude al fisco de SQM lo sufrieron los fondos de pensiones, con pérdidas de unos US$100 millones tras la caída en 17% de las acciones de la compañía en la Bolsa de Santiago. En ese sentido, la Asociación de AFPs no descartó acciones legales para ejercer sus derechos como accionistas minoritarios, lo que ampliaría los frentes judiciales que debe enfrentar Ponce Lerou.
Favor con favor se paga
El financiamiento ilegal por parte de operadores de grandes conglomerados evidentemente persigue controlar los votos en el proceso legislativo de proyectos de ley que les afectan (mail de Carlos Eugenio Lavín pidiendo gestiones a Ernesto Silva sobre proyecto de ley de Isapres, por ejemplo). Sacar una tajada en directorios de empresas estatales como retorno a su aporte (Carlos Alberto Délano y su pretensión de llegar a Codelco, mientras financiaba al Subsecretario de Minería, Pablo Wagner). O ganar procesos de licitación de manera irregular, como cuando SQM se adjudicó la explotación del litio para acceder a Contratos Especiales de Operación, proceso que posteriormente se declaró inválido por cuanto la compañía mantenía al menos 20 juicios pendientes con el Estado, cuestión que el Subsecretario Wagner (que tenía boletas con esa compañía) interesadamente no verificó.
Tanto en el caso Penta como en SQM, las estrategias jurídicas de los controladores pasan por culpar a los gerentes generales y asegurar desconocimiento de las irregularidades y potenciales delitos.
Patricio Contesse (que reconoció ante los accionistas pagos irregulares por US$11 millones y a quien el directorio pidió su renuncia) es para la defensa de Julio Ponce Lerou, lo que Hugo Bravo pretendió ser para la fallida estrategia de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín: los que manejaban a su antojo las chequeras. Sin embargo, cuesta creer que no participaran de esta estrategia de cooptación.
Bien es sabido que el que pone la plata, pone la música. Casos hay varios en nuestra historia legislativa reciente. En 2013, el lobby irregular de las pesqueras quedó al descubierto en la tramitación de la cuestionada Ley de Pesca, cuando se descubrió que la diputada independiente Marta Isassi había recibido para su campaña $25 millones de la empresa Corpesca, del grupo Angelini, cuyos asesores hasta se daban el lujo de entrar a las sesiones de las comisiones para asegurarse de que se hicieran las indicaciones por las que habían pagado.
El resultado, una ley que se considera viciada y fruto de presiones indebidas, hecha a la medida de los intereses de la pesca industrial concentrada en siete familias (una de ellas, Angelini) y en contra de la artesanal.
El informe de la comisión investigadora del caso Cascadas, es otro ejemplo de que el financiamiento irregular de campañas electorales termina por atar de manos a los candidatos que lo reciben, que terminan debiéndose a sus financistas más que a sus electores.
Resulta a lo menos sospechoso que en el informe final no se cuestionara la actuación de Julio Ponce Lerou, que varios parlamentarios durante la investigación de la Cámara de Diputados se hicieran eco de los mismos argumentos de defensa que daban los abogados de SQM ante la Superintendencia de Valores y Seguros (que acusó al ex yerno de Pinochet de vulnerar la Ley del Mercado de Valores), valiéndose de minutas en extremo detalladas probablemente suministradas por la propia compañía. Los cabos ni siquiera hay que atarlos, están a la vista.
La ley de lobby recientemente aprobada por el Congreso, avanzó en transparentar el lobby y la gestión de intereses particulares sobre el gobierno central, las municipalidades, el Congreso Nacional y los órganos autónomos, estableciendo la obligación de registrar audiencias, viajes y regalos.
Sin embargo, la ley sólo afecta a quienes reciben la influencia del lobby (los sujetos pasivos, las autoridades) y no a quienes la ejercen (no considera ni los mails ni los llamados como acto de lobby, por ejemplo). En vez de regular a los lobistas, la responsabilidad de informar recae en los funcionarios públicos.
Volviendo a “House of Cards”, el control de parlamentarios por parte de grandes compañías remite a la imagen del hábil Remy Danton. Inicialmente asesor de prensa del propio Underwood, su mentor en malas artes, el lobista de la compañía de gas natural Sancorp está siempre rondando en los pasillos del Congreso ofreciendo grandes sumas de dinero a campañas políticas de parlamentarios, a cambio de su apoyo en la promoción de legislación que beneficia a la compañía.
Su nombre resuena en el financiamiento de campañas, tanto como en el trabajo legislativo y en las bancadas, el apoyo con fondos para la biblioteca que lleva el nombre de Underwood o en los proyectos humanitarios que lleva adelante su esposa Claire.Omnipresente, su compañía parece ocupar un puesto más en el Congreso.
Con una histórica desaprobación del Senado que alcanza un 75% (aumentando 10 puntos en un mes) y un 77% en la Cámara de Diputados (8 puntos más que en la medición anterior) según la última encuesta Adimark, los parlamentarios deberán dar muestras radicales de que son dignos de la confianza de la ciudadanía por la cual han sido elegidos.
Además de aprobar legislación anti corrupción y pro transparencia de vanguardia, considerar seriamente la propuesta de reforma constitucional que abogados constitucionalistas le hicieron a la Bancada AC (Asamblea Constituyente), que incorpora el plebiscito convocado por el/la Presidente/a con acuerdo de ambas cámaras del Congreso para generar una Nueva Constitución originada en democracia, sería un buen comienzo para comenzar a recuperar la credibilidad y no seguir poniendo en riesgo la gobernabilidad democrática de nuestro país.