La próxima semana se aprobará en el Congreso el Pacto de Unión Civil (PUC) que permite a parejas homosexuales y heterosexuales contar con un marco de reconocimiento legal que les permita tener garantías en diversas materias que son propias de su vida particular. Esto es una buena noticia para los que queremos una sociedad diversa, en que todos sus miembros tengan igualdad de derechos y no sean discriminados por la forma en que desean vivir sus vidas privadas.
El largo camino que este proyecto tuvo que recorrer, da cuenta de que a nuestro sistema político le cuesta procesar las transformaciones sociales. En las últimas décadas la sociedad chilena ha sufrido grandes cambios en los modos en que nos relacionamos y en las formas de convivencia.
La familia tradicional ha mutado, lo que hoy existe es una diversidad de formas de ser familia, dentro de las cuales, una gran parte son relaciones de hecho. Un reflejo de ello es que en 1970 sólo el 19% de los hijos nacían fuera del matrimonio, hoy esa cifra es mayoritaria y bordea el 70%.
Asumir estos cambios sociales y legislar en función de su reconocimiento, es imprescindible para conectar la institucionalidad con la realidad social. Esta sencilla idea no es obvia. Este proyecto es la consecuencia de una larga pugna política, es heredero de la ley de divorcio y el reconocimiento igualitario de los hijos.
Es violento pensar que hace pocos años en nuestro país se le impidiera a las parejas divorciarse. Pero más violento es como hace menos años existían hijos de diferentes categorías en nuestro país. Muchos de los que en su momento deseaban impedir una ley de divorcio y evitar la igualdad de los hijos, son los que se opusieron hoy al PUC en este debate.
En nuestro país, la visión conservadora de la sociedad que tienen ciertos sectores de la derecha, intenta renegar de estos cambios. Colocándose como los censores de la moral a la que todos deben someterse, pisoteando las libertades individuales por la vía de inmiscuirse en la vida privada de las personas. Gracias al sistema binominal, esta visión conservadora se encuentra sobre representada en el Congreso, lo que ha permitido que nuestro país sufra de un retraso en materia de derechos civiles. Por ello, el debate que produjo este proyecto es importante. El trasfondo de ésta discusión es el tipo de sociedad en que queremos vivir.
Una sociedad en que el respeto a las libertades individuales y a la vida privada de las personas sea un elemento central de nuestra vida democrática. Cuando el poder público se entromete en la vida privada para determinar qué relaciones afectivas tienen una validez sobre otras, se produce un deterioro de la autonomía de las personas y de su libertad para determinar la forma en que desea vivir su vida. En definitiva, se afecta la igualdad que tienen los ciudadanos.
La igualdad de las personas también se ve amenazada por los tratos discriminatorios. Esta ley constituye un aporte a la construcción de una sociedad tolerante con la diversidad. Particularmente es un reconocimiento de la diversidad sexual. La discriminación hacia la diversidad sexual produce un ambiente de exaltación y antipatía con nocivas consecuencias para nuestra convivencia social.
De esta manera, cuando se discutía si el Pacto de Unión Civil se producía en una notaría o en el Registro Civil, no era un asunto trivial. Por un lado estaban los que querían reducirlo a un contrato entre privados, despojándolo de toda valoración pública. El que se haga ante el Registro Civil constituye un acto público que modifica los vínculos de parentesco, instaurando un nuevo estado civil para la pareja, otorgándole estatuto y dignidad.
Algunas de las problemáticas que no fueron tocadas a fondo en la discusión de este proyecto y que deben ser materia de legislación en forma urgente, tiene que ver con la tuición de los hijos y la adopción para parejas del mismo sexo. Cuando permitimos que se continúe negando a las parejas el reconocimiento legal como padres, estamos generando un perjuicio a los intereses superiores del niño.
Es necesario continuar luchando por una sociedad sin discriminación, que dignifique a las personas, en la cual las libertades personales y la igualdad de derechos sean una realidad.