Es evidente que la Nueva Mayoría vive dificultades de convivencia. Hay malestar, diferencias de ópticas sobre aspectos de contenido y de forma de las reformas no resueltas convenientemente y no pocas veleidades de quienes creen que marcando ácidamente las diferencias y criticando de manera personalizada a dirigentes y parlamentarios de otros partidos, logran construir una determinada identidad política o, más banalmente, una fugaz presencia a través de los medios.
Más que diferencias de fondo, dado que tanto la DC como todos los partidos de la Nueva Mayoría respaldan las reformas comprometidas por la Presidenta Bachelet, hay un cierto oportunismo mediático, una lucha por los espacios personales de poder o de marketing que recorre la Nueva Mayoría y ello se transforma crecientemente en una dificultad para hacer avanzar las reformas.
La DC se siente maltratada por algunos parlamentarios y dirigentes de otros partidos del bloque.Personalmente creo que hay motivos que justifican este sentimiento. Los discutibles juicios sobre el rol de la DC en el golpe militar formulados por el Embajador Contreras, que motivaron sus posteriores disculpas públicas.La publicación en twitter de una lista de diputados, esencialmente DC, que votaron contra la penalidad de cárcel para el lucro en educación, en consecuencia que esta no era una propuesta del gobierno, que es quien lidera la reforma educacional, y que se trata solo de un instrumento que no es el único para garantizar el fin de terminar con el lucro y hacer de la educación un derecho.
A ello se agregan los continuos ataques personales entre senadores de la Comisión de Educación y las descalificaciones a la DC,tendientes a demostrar la supuesta inconsecuencia de este partido respecto de las reformas, lo que dificulta el clima político y humano que se debe generar para alcanzar acuerdos y, además, anulan el liderazgo que le corresponde asumir al Presidente dela Comisión de Educación,para hacer avanzar, con diálogo y celeridad, la reforma más sustantiva planteada por la Presidenta Bachelet.
Pero también desde la DC se contribuye a este clima cuando se coloca en cuestión la permanencia del pacto Nueva Mayoría y solo se le atribuye, como hace Gutenberg Martínez, un valor de carácter puramente electoral, con fecha de vencimiento, o cuando se tiende a relativizar diversos instrumentos de las reformas y a recoger argumentos de quienes, organizadamente y en defensa de sus intereses económicos, se movilizan para frenar las reformas.
Desde el primer día estaba claro que el fin al lucro, a la selección y al copago – que son medidas esenciales para lograr que la educación sea un derecho y no una mercancía y que ella debe servir a la integración y no a la discriminación social – iba a tocar intereses económicos de quienes con fondos del Estado recibidos por decenios han construido pequeños o grandes imperios educacionales y que estos iban a reaccionar para defender estas prebendas, hoy legales, recurriendo a todo.
Por ello, crea molestia el que algunos, en vez de defender públicamente, ante padres y sostenedores, la legitimidad de la reforma, aparezcan en el Senado colocando en duda aspectos sustantivos de lo aprobado en la Cámara de Diputados.
Para que una alianza política sea un sostén sólido a un gobierno de reformas, como sucede con el de Bachelet, se requiere adhesión sólida al programa elaborado con el concurso de todos los integrantes de la Nueva Mayoría y ampliamente difundido y sostenido por los candidatos a parlamentarios durante la campaña, un alto grado de tolerancia a la diversidad de opiniones, que está en el ADN de una coalición de centroizquierda que reúne a fuerzas con visiones distintas, y una gran capacidad para procesar adecuadamente las diferencias y abrir diálogo para extender la base social y política de apoyo a las reformas.
Además, hay que comprender, que cada sector de Nueva Mayoría responde de alguna manera a actores y espacios sociales, culturales e históricos que presentan diversas sensibilidades y expectativas y que ellas, en la reforma educacional, son múltiples y deben ser tenidas en cuenta al momento de concretar legislativamente el proyecto.
La coherencia y el apoyo al Programa de gobierno de la Presidenta Bachelet es clave para hacerlo posible, para mantener la unidad y lograr el respaldo ciudadano a cada una de las reformas planteadas. Pero no sirve a la amplitud y a la representatividad en la sociedad de la Nueva Mayoría el que algunos personeros intenten arbitrariamente uniformar o acallar puntos de vista que legítimamente deben expresarse en el debate parlamentario, que pueden enriquecer las reformas y crear una mayor base de sustentación social, como ya ocurrió con el acuerdo sobre la reforma tributaria en el Senado, sin por ello renunciar al corazón, a lo central e identitario de cada una de estas reformas estructurales.
Es cierto, como se ha denunciado, que muchos sostenedores han organizado una campaña del terror, costosamente publicitada probablemente incluso con medios que provienen de las subvenciones estatales, y que han constituido un frente antireformas para intentar impedir un cambio que pone fin al negocio de la educación particular subvencionada.
Sin embargo, es un error, adicionar a los sostenedores o a la postura agresiva de la UDI a los padres y apoderados que aun siendo instrumentalizados se movilizan por el temor a que las reformas representen un deterioro de la educación que actualmente reciben sus hijos.
Hay una responsabilidad del propio gobierno en los espacios de incertidumbre que ha provocado la forma como se han presentado las reformas y una incapacidad para mantener un diálogo abierto, no solo del ministro de Educación sino de todo el gabinete, con los actores de la educación para impedir que las reformas sufran un aislamiento en la sociedad por una inadecuada información respecto de sus reales objetivos.
La propia Presidenta Bachelet, que ha colocado su prestigio y liderazgo en defender ante la opinión pública los contenidos de las reformas, debe también asumir la conducción política estratégica de la Nueva Mayoría e impedir que las diferencias reales o de pretexto dificulten las relaciones internas del conglomerado y debiliten su acción ante la sociedad.