Bastó que en la Ley de Presupuestos recientemente ingresada al Congreso se identificara una glosa que señala “prorróguese, a contar del año 2015, la vigencia del D.L. N° 701, de 1974 y sus modificaciones”, para que el senador Alfonso De Urresti (Los Ríos) apareciera haciendo un llamado público a aplicar la consulta indígena del Convenio 169 de la OIT a dicho proyecto, señalando que es tiempo de cumplir los compromisos internacionales y consultar a las comunidades (D.L. 701: es tiempo de consultar).
La aparición del senador opinando sobre este instrumento de fomento no es nueva. De hecho, junto a los senadores Navarro (Bío-Bío) y Quintana (Araucanía) son los principales detractores en el Senado a la continuidad del Decreto Ley 701 de fomento forestal.
El desarrollo forestal chileno basado en plantaciones gozaba hasta principios de los años noventa de una percepción relativamente positiva por parte de la población, por su efecto de recuperación de suelos afectados por una agricultura no sustentable.
Sin embargo, a partir de la década de los noventa esta percepción se ha vuelto negativa, siendo los monocultivos forestales atacados con vehemencia por diversas organizaciones ambientales, sociales, indígenas y hasta religiosas. Posiblemente esta situación es inédita y no se da con la misma intensidad en ninguna otra parte del mundo.
Al contrario, la tendencia mundial es que sean los monocultivos agrícolas (vides, cítricos, maíz, soya, palma aceitera) los que generan mayor rechazo de la comunidad por su impacto sobre la eliminación de bosques, principalmente tropicales, como es el caso de Brasil. De hecho el 80% de la deforestación mundial es obra de la agricultura.
El rechazo a las plantaciones forestales y a los instrumentos provenientes del Estado que las fomentan, se ha cristalizado en algunas banderas de lucha como fue en un principio la sustitución del bosque nativo.
Una vez que este tema se “enfrió”, básicamente por compromisos voluntarios de las empresas forestales de no sustituir bosque nativo o de los sellos ambientales adquiridos, la trinchera del activismo contra las plantaciones se trasladó a su impacto sobre la disponibilidad de agua para las comunidades y a su efecto sobre la pobreza rural (migración acentuada y bajos Índices de Desarrollo Humano). Ahora se ha agregado la aplicación del Convenio 169 de la OIT respecto a la consulta indígena. Toda esta batería argumental es la que a su vez utiliza el senador De Urresti.
Lo que omite el senador son las necesidades a las que el fomento forestal responde. Omite señalar que es un imperativo para el país cubrir suelos erosionados y que este desafío debe realizarse a través de una cobertura forestal que sea viable, es decir, que sea capaz de sobrevivir y ocupar exitosamente el terreno y que además entregue beneficios económicos a sus propietarios, lo que a su vez depende de la existencia de un mercado para la comercialización de sus productos.
El senador no menciona estos desafíos. Por el contrario, defiende una línea argumental que plantea transformar el actual instrumento de fomento productivo, con énfasis en la protección del suelo, en un “nuevo” instrumento de recuperación ecológica de ecosistemas a través de la forestación exclusiva con especies nativas, focalizado en pequeños propietarios.
Quienes defienden este fomento exclusivo de plantaciones con especies nativas, seguramente sienten que están realizando un valioso aporte al país, una suerte de reivindicación ambiental.Nada más alejado de la realidad, ya que terminaremos con un instrumento de fomento sin utilidad práctica y subutilizado (similar a lo que ocurre con el fondo para el fomento al manejo de la Ley de Bosque Nativo).
Las especies nativas no crecen en los suelos degradados que son el objeto de este instrumento; no tienen desarrollado un mercado formal de comercialización, ni precios atractivos para los pequeños propietarios, sin mencionar las rotaciones más largas, que desincentivarían su plantación.
Si a todas estas dificultades le sumamos que los propietarios deben endeudarse previamente para plantar y esperar un año o más para recuperar la inversión, parece muy improbable que un instrumento como este tenga éxito. Lamentablemente el senador y quienes comparten su visión omiten esto y les transfieren la solución de este problema a los mismos propietarios forestales empobrecidos, que ven en la forestación con especies de rápido crecimiento una forma de mejorar su calidad de vida, no así con la forestación de especies nativas.
Los pequeños propietarios forestales y las comunidades indígenas que desean acceder a la ayuda del Estado para plantar saben muy bien esto. Saben de los inconvenientes técnicos y económicos de establecer plantaciones de especies nativas en terrenos degradados. Pero el deseo de parlamentarios y organizaciones ambientalistas de excluir las especies exóticas, los privan del derecho a elegir qué especies plantar en sus propios terrenos. A ellos, sin embargo, parece no ser necesario consultarles la opinión, a diferencia de las comunidades indígenas amparadas por el Convenio 169 que menciona el senador De Urresti.
Quienes sostienen el planteamiento de excluir las especies exóticas del fomento estatal, omiten consultar a quienes más se debe escuchar: a quienes desean plantar y tener la libertad de elegir qué especie plantar en sus terrenos. También es tiempo de consultarles a ellos.