El DL 701 entró en vigencia el 28 de octubre de 1974 con el propósito de incorporar nuevos terrenos de aptitud preferentemente forestal al modelo de desarrollo económico entonces promovido. Así es que durante los primeros veinte años de su vigencia se plantaron del orden de 1.700.000 hectáreas, mayoritariamente con pino radiata y eucaliptus. De la citada superficie, 807.203 hectáreas fueron bonificadas por forestación, en tanto que las exportaciones silvícolas en 2011 alcanzaron 5.900 millones de dólares.
Diversas leyes en el tiempo han ido extendiendo su vida útil, por la vía de incorporar nuevos potenciales beneficiarios y nuevos objetivos. De hecho, la última de estas medidas, que quedó a medio camino, por recibir 506 indicaciones en su discusión en el Senado, fue una iniciativa ingresada a trámite legislativo por la administración del Presidente Piñera el 2 de octubre de 2012, buscando prorrogar nuevamente este incentivo de larga data.
En el tiempo, por cierto han ido surgiendo temáticas, como el impacto de la industria forestal en los recursos hídricos, su impacto en el bosque nativo, en la calidad de vida de aquellas comunas denominadas “forestales” y que se encuentran entre aquellas con menor índice de desarrollo humano y mayor pobreza y, por cierto, en su conflictiva vecindad con las comunidades mapuche en distintas regiones del país. Las dudas sobre el pago efectivo del impuesto territorial y el pago de patentes minúsculas en las ciudades donde operan son otros temas que también están sobre la mesa.
Por eso, aun cuando el programa de la Nueva Mayoría contempla una nueva prórroga a esta bonificación, incorporando propietarios de menor tamaño y criterios de sustentabilidad, muchos entendimos que este paso se daba en el nuevo contexto que vive el país, es decir, ampliando a los potenciales beneficiarios, tomando resguardo frente a sus impactos económicos y sociales y, sobre todo, abriendo los espacios de participación y consulta que comunidades y pueblos originarios vienen reclamando en esta y otras materias.
Así se lo hicimos ver al ministro de Agricultura Carlos Furche cuando al inicio de su gestión ratificó esta decisión y lo mismo hicimos ante la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Villegas, a quien junto a otros senadores le hicimos a comienzos de julio pasado y que recién, tras tres meses de espera, ha respondido en un tono formal que no está a la altura de los tiempos que corren, especialmente luego de que nuestro país ratificara el Convenio 169 de la OIT.
Por eso, al revisar detalladamente la Ley de Presupuestos recientemente ingresada al Congreso pudimos detectar, no sin sorpresa, que la partida correspondiente al Tesoro Público, contempla una glosa en que se señala “Prorróguese, a contar del año 2015, la vigencia del D.L. N° 701, de 1974 y sus modificaciones”. Así, sin plazos, justificaciones y, menos aún, alguna referencia la consulta indígena que en esta materia corresponde realizar.
Una nueva confirmación de la falta de diálogo y de voluntad en esta materia son las recientes declaraciones del ministro Furche a un diario del Bío-Bío, señalando que espera prorrogar el DL 701 por dos años más, mientras se tramita un eventual proyecto para tener el Servicio Nacional Forestal, que sirva para subsanar las observaciones que la Contraloría hizo respecto de las atribuciones de la Conaf cuando se promulgó la Ley de Bosque Nativo. Por cierto, el ministro no dice que esta nueva prórroga no está en la partida de su ministerio. Ni tampoco habla de consulta indígena.
Pareciera que algunos ministros han olvidado que diversas instancias del derecho internacional han establecido las condiciones mínimas del deber de consulta. Entre ellas destacan por su precisión las recomendaciones que el 2009 el entonces Relator Especial de la ONU, James Anaya, hizo al Estado de Chile.
También las que el mismo Anaya hizo al gobierno del Presidente Piñera, con motivo de la propuesta de Ejecutivo respecto de una nueva normativa de consulta indígena. Al respecto, dice: “El Relator Especial recomienda que se añada al texto del artículo 9 esta precisión, para que quede claro que la consulta se aplica incluso con respecto a medidas administrativas o legislativas de aplicación general, por ejemplo, con respecto a un nueva ley de pesca o de fomento forestal, cuando dichas medidas de algún modo afecten de manera diferenciada a los pueblos indígenas dadas sus condiciones y derechos específicos”.
Nuestra preocupación sobre este tema no solo tiene que ver con los convenios internacionales suscritos por Chile, sino también con lo expresado con nitidez por la Presidenta Bachelet el pasado 24 de junio, al dar a conocer los lineamientos de la nueva política indígena del gobierno: “Han pasado ya casi 25 años desde que recuperamos la democracia, han pasado 5 períodos presidenciales democráticos, diversos, y a pesar de los esfuerzos realizados, aún estamos en deuda con los pueblos originarios. Y es hora de tener el coraje y dar nuevos pasos con la vista puesta no en el corto plazo, sino en el desarrollo que tan esquivo ha sido para los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas.”
Por eso, ya no se trata solo de prorrogar una norma economicista. Esta vez el debate tiene que ver con un desarrollo integral, inclusivo. Es tiempo de cumplir nuestros compromisos internacionales. Es tiempo de consultar.