Una reciente encuesta de Laborum sobre pensiones arrojó resultados que, sin lugar a dudas, refuerzan lo que se ha venido debatiendo y constatando en los últimos años sobre la crisis de legitimidad que enfrenta el Sistema de AFP privado.
En efecto, en primer lugar se les pidió a los entrevistados calificar a las administradoras con nota de 1 a 7, siendo 1 la nota más baja y 7 la nota más alta. Un impresionante 78% le asignó una nota roja a las AFP, y dentro de ellos, el 38% las calificó con nota 1. En segundo lugar, el 84% de los entrevistados manifestó que no confiaba en su propia AFP.
Y la consecuencia lógica de ese diagnóstico, no es menos maciza: el 91% opinó que es necesario reformar el sistema de pensiones. De paso, dos tercios de los entrevistados manifestaron estar a favor de la creación de una AFP estatal.
Estos resultados son altamente consistentes con un estudio encargado el año 2013 –es decir,durante la administración del Presidente Piñera– por el ministerio Secretaría General de Gobierno a la consultora CADEM S.A. Uno de los objetivos centrales de dicho estudio fue explorar el conocimiento, comprensión y confianza en el actual sistema previsional.
La primera y principal conclusión es formulada por los autores en los siguientes términos, “hoy el sistema previsional se encuentra en un estado crítico”. La mayoría de los entrevistados y participantes en focus group, especialmente los de clase media y quintiles más vulnerables, tienen una percepción muy negativa del sistema, fundada en los siguientes argumentos: las AFP no entregan los resultados esperados; velan por sus intereses, perjudicando a los afiliados; el sistema no es transparente, opacidad que es percibida como funcional a los intereses de las administradoras; y el sistema es impuesto y los cotizantes no tienen injerencia sobre el funcionamiento del mismo.
Los autores señalan que esta percepción, en extremo crítica, determina también una aproximación emocional negativa hacia el sistema por parte de los cotizantes, la que se expresa en desconfianza, inseguridad, temor, rabia e impotencia.
Sin duda, estamos hablando de percepciones y emociones, del modo como los entrevistados vivencian el sistema desde su punto de vista. No obstante, sería un error menospreciar tal calidad, pues como afirma un viejo principio de las ciencias sociales, cuando las personas definen una situación como real, esa percepción es real en sus consecuencias.
Así, no es casual que el mismo estudio detecte que la decepción con el sistema lleve a la mayoría de los cotizantes a tener una muy baja disposición a incrementar los aportes para mejorar sus pensiones, y lleve a los independientes a querer permanecer fuera del mismo.
A la luz de todo lo anterior, quisiera enfatizar que en la coyuntura actual el debate no se restringe a qué herramientas específicas usar para mejorar las tasas de reemplazo u otros asuntos técnicos.Lo que está en discusión, desde el punto de vista de la sociedad, es el modelo en el cual se sustentan esos anhelados mejoramientos en la calidad de vida en la vejez.
Para una coalición que aspira a avanzar hacia un Estado social y democrático de Derecho, ello implica el desafío de estructurar nuevos modelos y nuevos instrumentos que vayan alejándonos cada vez más de la lógica del darwinismo social –“cada cual se las arregla como puede”– y vayan instalando mayores niveles de solidaridad institucionalizada, lo que constituye una demanda mayoritaria de la ciudadanía.
Y además, que consagren mayores niveles de libertad para las personas, respecto de lo cual hace pleno sentido la existencia de una AFP del Estado, como otra opción para los cotizantes y como un engranaje más en el marco de una reforma integral del sistema.
Quiero ser taxativo en que este no es un debate maniqueo entre mantener todo como está o simplemente volver a un sistema de reparto. Necesitamos, quizás, un nuevo balance que permita -desde el fomento de la responsabilidad y contribución a la sustentabilidad del sistema-establecer un complemento al esfuerzo individual con formas más sofisticadas y extendidas de solidaridad institucionalizada.