La baja porcentual del nivel de apoyo a la Presidente Bachelet, que sin embargo se mantiene sobre el 50% en la Encuesta CEP y en un 49% en la ADIMARK de Julio, y de su gobierno debe ser mirada con tranquilidad acorde a las condiciones de desaceleración que enfrenta, en primer lugar, la economía chilena.
La caída de expectativas económicas, que redunda en una menor inversión privada y en una disminución del consumo, afecta siempre la popularidad de un gobierno y si a ello se suma que este fenómeno se vive en medio de un proceso de cambios necesarios para el desarrollo estratégico el país y a una fuerte campaña comunicacional del empresariado y la derecha política por impedir o redimensionar las reformas, ello lesiona en la población el grado de adhesión al gobierno.
Reformas estructurales a un modelo económico sólidamente instalado siempre generarán inquietud en la población. Sin embargo, sostener que la reforma tributaria destinada a financiar un cambio en la educación, que junto a la innovación tecnológica es la mayor inversión que Chile puede desplegar para su desarrollo, es la causante de la desaceleración de la economía chilena es simplemente una maniobra política dañina al interés nacional y , cuando esta tesis viene formulada por el mundo empresarial ello representa un verdadero disparo a los pies a sus propios intereses y a la reactivación que el país debe emprender para enfrentar el verdadero fenómeno que provoca la crisis mundial de la economía.
Ya a mediados del 2013 el FMI rebajó las perspectivas del crecimiento económico para América Latina y el Caribe para el 2014 a menos de un 2% y el fenómeno se vive de esta forma efectivamente en todo el continente.
La economía brasileña, la mayor de la región, se ha contraído este año en un 0,8%, el crecimiento previsto en un 2,5% para el 2014 se reduce en los cálculos a 1,07% y hay una rebaja de la inversión en el segundo trimestre de un 5,3% comparado con el período previo, lo cual representa una de las mayores dificultades político electorales para la Presidente Dilma Rousseff que enfrentará reñidas elecciones en el mes de octubre.
En Argentina, la economía se contrajo en el último trimestre en un 1,0%y las perspectivas de crecimiento llegan a un 1,5% con una inflación cercana al 10% y una devaluación permanente de su moneda.
Perú, afectado como Chile, por la menor demanda de la minería metálica y consecuencial caída de las inversiones, presenta un superávit del 0.2%, un déficit en su cuenta corriente del 4,8% del PIB y creció en el último trimestre en un 1,8% en una economía que presentaba índices sostenidos de un 6%. Los datos en otros países latinoamericanos, comparativamente a su crecimiento anterior, son aún más deficitarios.
Todo ello muestra que la crisis de desaceleración de la economía mundial está afectando fuertemente a las economías de América del Sur y especialmente a aquellas que como Chile tienen una dependencia del crecimiento que experimente la economía China.
Es evidente que la alarma del efecto que la desaceleración tendría en la economía chilena y latinoamericana no fue abordada oportunamente por sus gobiernos con medidas reactivadoras eficaces.
Este fenómeno se observa y se alerta , por parte de los organismos internacionales, desde el 2012 y sin embargo bajo la administración de Sebastian Piñera, imbuído por el exitismo y la demagogia de un crecimiento arrastrado por las condiciones del ciclo anterior y por las medidas de la parcial reconstrucción de infraestructura frente al terremoto que afectó a amplias zonas del país, el fenómeno no fue siquiera advertido, no se adoptaron medidas de inversión pública sostenidas, se paralizó la agenda energética deteriorando incluso las instituciones a cargo de definir los proyectos, se afectó fuertemente los costos de los proyectos mineros y de otras áreas de la economía.
Se actuó, por tanto, con irresponsabilidad, desidia económica y una liviandad política insostenible que hoy la derecha política y económica y sus medios buscan esconder para responsabilizar al gobierno de Bachelet que cumple solo seis meses desde su instalación.
Creo, además, que tanto el gobierno actual, concentrado en avanzar en sus reformas estratégicas, como el empresariado miraron con excesiva confianza el impacto que la desaceleración mundial produciría en la economía chilena y no se adoptaron oportunamente medidas reactivadoras de inversión pública y privada que atendieran oportunamente las señales de la economía internacional.
Ello ha sido abordado ahora plenamente por la Presidenta Bachelet con los anuncios de inversión,ya para el 2014, de $ 500 millones de dólares, con la capitalización de CODELCO y del BancoEstado, con el plan de inversión en infraestructura, de aquí al 2016, de 2.600 millones de dólares, con los planes de reconstrucción en el norte y Valparaíso por 814 millones de dólares y con el apoyo a la materialización de los proyectos de inversión privada que están en carpeta.
La aprobación de la propia reforma tributaria en el mes de septiembre permitirá ya inyectar recursos frescos que influirán en el gasto público. Se trata de un poderoso estímulo inmediato a la reactivación de una economía que, sin embargo, muestra un Imacec mayor del previsto de un 0,9% en el mes de julio y un mantenimiento de la cifra de desempleo que no ha aumentado hasta ahora.
Es de esperar que el empresariado actúe con similar actitud, que contribuyan a despejar el clima de incertidumbre que daña la propia inversión y la reactivación, que se destraben los proyectos mineros y energéticos que cumplan con las exigencias medioambientales y los derechos de los pueblos indígenas afectados, que cumplan en definitiva con la ley, y se termine con el clima de desconfianza que ellos mismos han creado para continuar atrayendo inversión extranjera en un país que entrega sólidas garantías jurídicas, económicas e institucionales para que ello ocurra.
En este cuadro, resultan instrumentales las declamaciones de la derecha y poco comprensibles las de los propios dirigentes de la Nueva Mayoría de pedir un cambio de gabinete. Es la Presidenta Bachelet la que debe evaluar y tomar decisiones respecto de cómo cada ministro está cumpliendo con el programa empeñado ante el país y cómo, en este cuadro más complejo, llevan a cabo sus funciones.
El tema no se concentra en un cambio de Ministros, que llevan solo seis meses en sus cargos, sino más bien en reordenar prioridades dentro de una Agenda que, junto a la reactivación económica, debe continuar con las reformas impulsadas porque ello está en la esencia de un gobierno elegido justamente para llevar a cabo cambios que mejoren la distribución del ingreso, que permitan a través de la educación, concebida como un derecho social, generar más integración, fin a las discriminaciones e igualdad en el acceso y en la calidad de ella , que lleve adelante reformas laborales largamente esperadas, mejore la salud pública y el sistema previsional y genere participativamente una Nueva Constitución que de plena legitimidad a la democracia chilena.
Por cierto, estos seis meses han demostrado que cambio profundos como los que plantea el gobierno de la Presidenta Bachelet requieren de una articulación y de un diálogo político y social fino y extendido, que no basta una mayoría parlamentaria para llevarlos a cabo dado que son muchos los intereses, legítimos e ilegítimos, en juego y muchos los actores involucrados, y creo que el gobierno y la sociedad han sacado lecciones de ello y las reformas se harán en un contexto de amplio debate, escuchando a todos, aislando las posiciones que solo buscan defender el lucro y la filosofía del mercado en temas que son claramente de derechos públicos para todos.
Hay sí que reinstalar comunicacionalmente, por parte del gobierno, los partidos y los movimientos sociales y ciudadanos, la épica de estos cambios estructurales por sobre las vicisitudes de su tramitación parlamentaria y política.
Nunca cambios de fondo en una sociedad se pueden realizar si se pierde el sentido social y filosófico profundo de ellos y tengo la impresión que esto aparece obscurecido frente a la dura demagogia opositora de la derecha y a la falta de relato político, que llegue a la subjetividad de la población, por parte de quienes impulsan las transformaciones.