El jueves 4 de septiembre pasado le solicitamos por escrito a Matías Valdés, Director de Obras de la Municipalidad de Valparaíso, que nos diera a conocer los números y las fechas del permiso de ampliación y de la recepción final de la polémica obra, ello conforme a lo que dicen los artículos 5.1.1 y 5.2.5 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), teniéndose en cuenta que el artículo 5.2.7 de la misma reglamentación indica que ninguna nueva obra de construcción puede funcionar si no existe tal recepción final. Todos ya sabemos que en este suceso no hay permisos.
Para que los lectores tengan muy clara la película transcribimos parcialmente el artículo 5.1.4 de esa OGUC, el que dice “cuando las ampliaciones sean calificadas como obras menores, se concederá un Permiso de Ampliación, el que será otorgado por el Director de Obras Municipales, en un plazo máximo de 15 días, para cuyos efectos se deberán presentar los siguientes antecedentes”, siendo el primero de ellos la presentación de una solicitud firmada por el propietario del inmueble y por el arquitecto autor del proyecto, los otros no los daremos a conocer porque son muchos.
Todos los documentos se archivan en el correspondiente expediente de edificación y el permiso se otorga previo pago de los derechos municipales, monto variable que depende de la calidad de los materiales de la construcción, suma que equivale al 1,5% del presupuesto elaborado por el titular del proyecto, asunto que está reflejado en el artículo 130 de la Ley concerniente.
No está demás comentar que ese monto de dinero, al no existir el acto administrativo municipal, no fue ingresado en la Tesorería de la Municipalidad de Valparaíso, a pesar de que la constructora que hizo el negocio con ese poder del Estado sí emitió la factura de cobro por sus trabajos, los que le fueron pagados oportunamente con recursos fiscales.
Volviendo al intercambio de correspondencia, el mismo día jueves recibimos la respuesta del funcionario municipal competente, en la cual nos explica que no tiene ninguno de los permisos y además nos manifestó que adolecen de lo mismo “los comedores de nivel de cubierta” y que, por ello, su Dirección iniciará un proceso de fiscalización in situ, ante lo cual le replicamos el mismo día, ya al anochecer, expresándole que habida cuenta la vulneración del marco regulatorio por parte de la Cámara de Diputados, el deber municipal era clausurar no solo esa elegante cafetería de uso restringido edificada en un patio de luz, sino también unas remodelaciones interiores, las que en conjunto costaron un millón y medio de dólares.
Debemos tener presente que en este caso, por ser una ampliación en un edificio público, debía intervenir en el proceso administrativo un arquitecto revisor independiente para evitar cualquier error.
Entre otras cosas, en nuestra réplica nocturna le decíamos al Director de Obras que sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley, tenía que informar al alcalde Jorge Castro, para que éste clausurara la polémica cafetería, como asimismo denunciar el ilícito al Juzgado de Policía Local, entendiéndose que cuando próximamente se cursen los permisos se podrá alzar dicha clausura.
Terminamos nuestra carta expresándole que suponíamos que el Presidente de la Cámara de Diputados, ante este bochorno de marca mayor, debía ordenar en su institución las investigaciones de rigor pues, tanto ciertos agentes públicos como otros tantos actores privados, se han manejado incorrectamente en este episodio.
El viernes 5 de septiembre en la mañana se anunció en la prensa la clausura de la cafetería VIP y entrada la tarde el alcalde Castro se conformó con cursar una insignificante multa al infractor, levantando la clausura porque se había detectado que el edificio del Congreso Nacional tampoco contaba con la recepción final municipal (sic).
Es decir, si el parlamento empezó a operar en el año 1990, durante 24 años ningún alcalde de Valparaíso sabía que esa faraónica edificación construida con el estilo que le gustaba al Pinochet, tenía el vicio de la ausencia de la recepción final que debía otorgar la Dirección de Obras Municipales.
Lo dicho no nos sorprende porque conocemos muy de cerca el desorden que existe en este tipo de materias, pero sí encontramos impresentable que los funcionarios administrativos de las más altas jerarquías de la Cámara y del Senado hayan sido tan negligentes al no regularizar el edificio que ellos tienen bajo su tutela.
Entendemos que esos funcionarios tienen altísimos sueldos, posiblemente no tan elevados como los que disfrutan los parlamentarios, pero con este resumido relato ha quedado en evidencia que fueron asaz indolentes y ahora esperamos conocer el resultado de la investigación que ha ordenado el diputado Aldo Cornejo.
Sería altamente simbólico que los diputados respetuosos de las leyes, que sí los hay en ambos bandos, se inhiban de ingresar a esa exclusiva cafetería hasta que se regularice su habilitación.
Así, y ojalá sean muchos los que adopten esta idea, ellos estarán entregando sólidas señales de probidad y apego al derecho, más aún si existe la otra tradicional cafetería que es de carácter popular.