En conjunto con otros parlamentarios, estamos preparando un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, que busca consagrar la protección de los derechos de los consumidores y el principio pro-consumidor a rango constitucional. Con ello no sólo se pretende dar una señal política a la sociedad, sino ampliar y profundizar la equidad en las relaciones entre el consumidor y las empresas.
Los abusos afectan nuestra convivencia. Si dichos abusos se perpetúan en el tiempo y nadie hace nada, se genera malestar.Cuando el malestar se vuelve crónico en la sociedad, empieza a verse cuestionada la forma en que resolvemos nuestros problemas como sociedad.Así, el sistema democrático deja de ser valorado por la ciudadanía, lo que refleja el reciente informe del PNUD, “Auditoría a la Democracia”.
La defensa de los derechos de los consumidores se encuentra relacionada con la calidad de nuestro sistema democrático en la medida que implica abordar el problema de los abusos en un plano particular como son las relaciones comerciales de consumo.
Nos referimos básicamente a un problema de daño económico que le produce un actor poderoso como es el empresario a un actor que lo es mucho menos, como es una persona particular. Este daño económico que afecta a las personas es parte de la ganancia de la empresa, acentuando la desigualdad en nuestro país.
La instalación en estos últimos años de la temática de los derechos de los consumidores en el debate nacional, constituye claramente una muestra de avance por lograr mayores niveles de justicia en nuestras relaciones sociales.
Casos tan bullados como la colusión de las farmacias o los contratos unilaterales de La Polar, han permitido a las personas sacar la voz. El sistema político debe reaccionar, no podemos quedarnos en la indignación que esos hechos produjeron en su momento, debemos mostrar que las instituciones democráticas son capaces de ir actuando para combatir los abusos y entregar las señales en ese sentido.
Por ello es importante que los derechos de los consumidores sean garantizados constitucionalmente. Actualmente en nuestra Constitución no existe un principio que garantice su plena eficacia, es preciso avanzar en el reconocimiento de su preeminencia como uno de los derechos fundamentales que las personas tienen por habitar en nuestra sociedad.
En diversas constituciones en el mundo, y específicamente en algunos países Latinoamericanos, ya se ha establecido la protección de los derechos del consumidor a rango constitucional. Brasil, Argentina y Colombia son naciones que han plasmado en sus cartas fundamentales la protección del consumidor como elemento clave dentro de su concepción de derechos ciudadanos.
Sin duda en Chile debemos seguir ese camino.
Los actuales debates parlamentarios en torno al SERNAC deben estar enmarcados en una voluntad mayor, que se exprese constitucionalmente, por parte de la clase política de que las personas no se encontrarán abandonadas cuando exista un abuso.