De las promesas que aparecen como incumplidas del actual Gobierno en estos primeros 100 días, la mayoría se refiere a asuntos indígenas.La razón es simple, por mandato del Convenio 169 de la OIT deben ser consultadas con los pueblos originarios y eso lleva tiempo.
El otro día en una reunión con dirigentes del pueblo mapuche, varios dijeron algo que me hizo mucho sentido: cosas obvias en que todos estamos de acuerdo, se postergan porque se invoca la consulta y otras, en cambio, que sí nos interesan, no se nos consultan.
Dos de las iniciativas comprometidas para estos primeros días de Gobierno – los proyectos de ley que crean el ministerio de Asuntos Indígenas y transforma la CONADI y el Consejo de los Pueblos Originarios – ya fueron enviados al Congreso Nacional durante el primer gobierno de M. Bachelet, cuando todavía no entraba en vigencia el Convenio 169 de la OIT.
En vez de elaborar nuevos proyectos e iniciar un prolongado proceso de consulta, el Gobierno podría poner urgencia a esos proyectos y hacer las indicaciones que estime oportunas. Son iniciativas que no despiertan mayores críticas, especialmente la que crea el Ministerio. Sobre el Consejo, cabe la duda si es mejor sólo una instancia representativa autónoma o tres diferentes, una mapuche, una Rapa Nui y una de los pueblos del norte.Pero eso se podría resolver en el debate parlamentario.
Estas iniciativas no avanzaron durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Si se siguiera el camino indicado, correspondería al Congreso realizar la consulta indígena, para lo cual está atrasado. En la legislatura anterior se formó una Comisión Bicameral para modificar el Reglamento de ambas cámaras para cumplir con el Convenio 169, abriendo un mecanismo adecuado de participación de los pueblos originarios en el debate de proyectos que los afecten directamente. Sin embargo, esa instancia no ha avanzado y en el último tiempo no se ha sabido que continúe su funcionamiento.
La exigencia de la consulta indígena no se estableció para perjudicar a los pueblos originarios, sino para abrirles un cauce justo de participación. No resulta aceptable que se pospongan medidas importantes que los favorecen y sobre las cuales existe un amplio consenso, invocando la consulta como pretexto.
El tema se ha vuelto complejo porque todavía no existe entre nosotros – y en ningún país de América Latina – un mecanismo validado de consulta indígena. El gobierno anterior de M. Bachelet dictó un reglamento provisorio sobre la materia.Luego, el gobierno de Sebastián Piñera realizó un amplio mecanismo para recoger opiniones de los interesados y terminó dictando un nuevo reglamento que ha recibido el rechazo de muchos grupos indígenas.
Si el actual gobierno – como debiera – inicia un proceso de revisión de ese decreto, puede empantanarse en las mismas arenas movedizas. Siempre será muy difícil encontrar un acuerdo, sobre todo en el punto más delicado ¿ qué significa consultar de buena fe?, unos pensarán que basta con echar a andar un proceso leal de diálogo, mientras otros insistirán que es preciso caminar hacia el carácter vinculante de los puntos de vista de los pueblos originarios.La misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es oscilante al respecto.
Algunos abogados de la causa indígena prefieren llevar cada asunto a los Tribunales de Justicia, donde habían encontrado una amplia acogida. Sin embargo, últimamente las Cortes han ido variando la puntería exigiendo buena fe tanto de parte de las autoridades estatales como de las propias comunidades indígenas, al resolver sobre recursos de protección recaídos en proyectos de inversión que afectan a comunidades indígenas.
El actual gobierno no puede quedar prisionero de un mecanismo cuya aprobación la Presidenta impulsó con decisión durante su anterior administración.
La solución a este verdadero “nudo gordiano” no está en el uso de la espada como hizo Alejandro rompiendo las ataduras, sino en la política.
Si aparece claro el compromiso del Gobierno con la causa indígena en sus reivindicaciones justas y se coloca un horizonte ambicioso de cambio social y cultural – como hizo Nueva Zelandia -, entonces se abrirá un espacio político de entendimiento para impulsar los proyectos legislativos que favorezca a los pueblos originarios que ya están en el Congreso Nacional. Entre ellos cabría retomar la discusión de la reforma constitucional que reconoce sus derechos y que fuera aprobado en general por el Senado.
Además así se impulsaría al propio Parlamento para elaborar un proceso de consulta legislativo adecuado. Lo mismo cabe señalar de los Municipios donde hay poblaciones indígenas significativas, que deberían aprobar ordenanzas en esa misma dirección.
La consulta indígena debe ser una oportunidad para desarrollar las mejores prácticas de participación en una democracia intercultural.