Bastante revuelo levantaron las declaraciones del Embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer, al señalar que “lo que necesita la empresa estadounidense es estabilidad política, económica y reglas claras”.
Pero probablemente la polémica de sus palabras tenga más que ver con la interpretación de ellas que con su intención.Porque nadie puede, razonablemente, poner en duda que el desarrollo sostenible de una sociedad requiere de una institucionalidad sólida que no esté sometida permanentemente a los vaivenes de la contingencia política.
Decisiones estratégicas para el desarrollo sostenible de un país, que involucren pilares fundamentales relativos a la educación, la energía, la gestión de los recursos hídricos, la vivienda, -por nombrar sólo algunos- lógicamente requieren de continuidad en el tiempo para dar frutos.
Sin embargo, si por estabilidad política y económica entendemos invariabilidad de las leyes y regulaciones, ciertamente no es el camino adecuado.Probablemente algunos de los cuellos de botella más importantes para que Chile se desarrolle equilibrando las dimensiones económicas, sociales y ambientales, requieren de una renovación de las reglas.
Lo que otorga solidez a la institucionalidad es su legitimidad y eso se construye a través de un diálogo amplio y comprometido en el que participen sectores que representen las distintas sensibilidades, culturas e intereses que están en juego.
Y justamente, el principal obstáculo para que en Chile se tomen las decisiones adecuadas que nos permitan dar un salto importante hacia el desarrollo y asegurarnos una continuidad en esa dirección, es que aún no hemos consensuado una visión estratégica a 30 o 50 años, y tampoco hemos tenido una institucionalidad adecuada para velar por su implementación a lo largo del tiempo.
El recientemente creado Consejo Nacional de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, en el que participan organizaciones sociales, empresariales y gubernamentales, puede cumplir un rol relevante en esta tarea.
¿Faltan actores? Es muy probable que sea necesario revisar ese aspecto, pero lo esencial es que se den señales políticas claras respecto a su legitimidad para constituirse en un espacio relevante para construir consensos que se plasmen en decisiones políticas.
Por ese camino tendremos la “estabilidad política y económica” que anhelan no sólo las empresas sino toda la sociedad chilena.