Según lo que muestran los medios de comunicación, el centro de la discusión política en estos últimos días es el debate entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo.El riesgo es que nuevamente no nos hagamos cargo del fondo del problema: la relación entre el Estado y los niños, niñas y adolescentes, o en su expresión más grave aún, cómo han sido violentados los más vulnerables entre los vulnerables.
Como gobierno hemos planteado que el respeto a niños, niñas y adolescentes debe ser una prioridad de Estado. El informe de la comisión especial investigadora del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores (SENAME) deja en evidencia el profundo daño que hemos hecho a quienes debíamos estar protegiendo.El valor ético de este informe es haber transparentado la situación de niños, niñas y adolescentes.
Las dolorosas carencias que muestra este informe, no son nuevas. Reportes previos como el Informe Mundial sobre Violencia contra niños y niñas (Secretariado de Naciones Unidas, 2006), y el Estudio Diagnóstico de Unicef Chile (2010), entre otros, también daban diagnósticos certeros. Por lo tanto, no podemos seguir esperando para hacer los cambios necesarios.
Como dijo la Presidenta el día que se firmó la creación del Consejo Nacional de la Infancia, “es inaceptable que instituciones destinadas a la protección de los niños y niñas, vulneren sus derechos. Es inaceptable que un niño o niña viva violencia en su familia, casa, colegio o barrio. Es inaceptable que todavía haya niños y niñas que trabajen en vez de estudiar. Es inaceptable que un niño, niña o joven, que haya sufrido abuso sexual, tenga que declarar muchas veces y revivir una y otra vez lo pasado. Es urgente entonces que demos un salto cualitativo, que nos ocupemos activamente de que haya políticas eficientes y transversales en materia de derechos de infancia y adolescencia”.
El Estado debe apoyar a las familias para que puedan cumplir con su rol de cuidado y acompañamiento en las etapas de desarrollo de niños y niñas. Cuando las familias no pueden desempeñar esta importante función, es el Estado el que debe responder de manera eficiente, oportuna y pertinente.
Como Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia hacemos un llamado a unirnos en un gran pacto social que nos permita hacer todas las transformaciones necesarias para generar un Sistema de Garantías que asegure que niños, niñas y adolescentes vivan en Chile con pleno ejercicio de sus derechos.