La semana pasada se votó en sala el informe de la Comisión Investigadora encargada de estudiar a fondo el sistema de educación superior chilena, más conocida por los medios como “Comisión de Lucro Dos”, que a diferencia de lo ocurrido con la primera Comisión, cuyo informe fue rechazado por un voto de diferencia, por cierto con la acción concertada de los parlamentarios de la Alianza y la desidia sospechosa de algunos de la Concertación, este informe fue aprobado por una amplia mayoría, 82 a favor, 21 en contra y una abstención.
Por supuesto una vez más los votos en contra son de la UDI, cabría preguntarse qué explica su pertinaz conducta, toda vez que en la comisión, el informe fue aprobado por todos los sectores políticos, incluyendo a los parlamentarios de la UDI.
En mi opinión, podemos explicar este doble estándar, que no refleja más que la pugna interna que se vive actualmente en la derecha, entre la superación y crítica al régimen militar de Pinochet y entre quienes idolatran y resguardan su legado.
En los considerandos, conclusiones y propuestas,expresamos que: “las bases del Sistema de Educación Superior, heredadas del Gobierno Militar, constituyen un sistema basado en el desapego del Estado con las Universidades Públicas, éstas deben participar en un cuasi-mercado educativo, buscando su autofinanciamiento, con limitaciones que impiden la competencia en igualdad de condiciones con las instituciones privadas, las que, tras la promulgación de diversos Decretos del régimen, experimentaron un crecimiento exponencial, a consecuencia de la consagración de procedimientos simples de creación, con escasas barreras académicas, sin fiscalización financiera, sin regulación sobre la oferta de carreras, en un contexto en general, desregulado.
Este sistema desregulado, a partir del retorno a la democracia, se profundizó. Los fundamentos ideológicos sobre los que se sustenta el modelo de Educación Superior en Chile, ha subsistido en la concepción de la educación como un bien de consumo y no un derecho social”.
Esta conclusión central, que no tiene mucho de novedad en verdad, lo es más porque amplios sectores de la derecha están dispuestos a reconocerla y de apoyar la reformulación del sistema educativo, porque en la comisión hemos llegado a la convicción, que el sistema ya no da para más.
Necesitamos de forma urgente regular este sector.Garantizar el fin del lucro y garantizar la calidad del servicio educativo que entregan las instituciones de educación superior, recuperar la perdida fe pública en las instituciones y principalmente, la realización efectiva del derecho a la educación.
En estos últimos días hemos conocido los lamentables hechos acaecidos en la Universidad Andrés Bello.
Alumnos en paro, reclamando por las precarias condiciones del servicio educacional, al mismo tiempo que conocemos los informes que indican que el grupo controlador “Laureate”, de origen estadunidense, retira decenas de millones de dólares por pagos de “acuerdos de gestión” de dudosa legalidad y concreción efectiva, que en nuestra opinión, configuran formas encubiertas de lucro, prohibido en nuestro país.
Esto está pasando en nuestras narices y la opinión pública se pregunta ¿porqué nadie hace nada al respecto?, la interpelación es legítima y merece una respuesta clara y categórica de todos los involucrados: Mineduc, Fiscalía, Impuestos Internos y del Congreso Nacional.
Esto explica el actuar de muchos de nosotros que hemos conformado en el último tiempo ya dos comisiones de investigación, en donde de forma reiterativa, hemos denunciado que en nuestro país, hay instituciones que lucran con los sueños de miles de familias, que esforzadamente, logran que sus hijos e hijas accedan a la educación superior.
El lucro es inaceptable. Llegó la hora de actuar con decisión, honestidad y valentía, la Reforma Educacional en diseño es y debe ser una gran oportunidad.