Cuando ejercía en el ámbito de las Ciencias Jurídicas, estuve vinculado al Derecho Político y mi memoria para licenciarme fue una propuesta institucional para que Chile superara la inminente crisis que terminó en el golpe de Estado de 1973.
Bajo el título “Nueva Constitución para una nueva Sociedad”, formulaba una propuesta que recogería las crecientes ansias de participación y permitiría canalizar las aspiraciones de grupos y personas en un marco institucional para el debate y la resolución de los conflictos sociales.
Sostenía entonces que o dábamos un salto hacia el futuro o sobrevendría una solución violenta a la crisis para la instalación de una dictadura.
Y pasó lo segundo. Quienes orientaron la intervención militar tenían un proyecto fundacional: conservador, elitista, autoritario y neo liberal en lo económico, con todas las contradicciones que el modelo podía contener.
En vista de ello y sólo para justificarse, siguieron aplicando las partes que le convenían de la Constitución de 1925, hasta que en forma nada de democrática impusieron una Constitución Política hecha a su medida. Parte de ese texto fue dificultar las modificaciones mediante el establecimiento de altos quórum para su aprobación. Pese a ello, algo se pudo hacer, dejando lo fundamental sin tocar.
La actual Presidenta de Chile lanzó su propuesta de una “Nueva Constitución, que sería generada por un mecanismo democrático, institucional y participativo”.De inmediato se produjo un gran revuelo porque mientras algunos creen en la necesidad de una asamblea constituyente, otros buscan caminos diferentes, más ajustados al modelo institucional vigente.
Incluso, hay quienes dicen, con majadera insistencia, que el plebiscito, la convocatoria de una asamblea u otras ideas que se despiertan en el seno de la sociedad, no se pueden llevar adelante pues son “inconstitucionales”.
Hay que recordar que Chile nunca ha tenido una Constitución generada por un mecanismo democrático, institucional y participativo. Todas las cartas fundamentales han nacido de pequeños grupos que con distintas maniobras lograron imponer el texto.
La de 1925 fue mediante un plebiscito no contemplado en la institucionalidad y hecho con evidente intervención electoral en favor del proyecto del Presidente Alessandri, tanto que la oposición se abstuvo.
La actual Constitución se fundó en un acto de fuerza, fue redactada por un grupo pequeño de “expertos” de una sola tendencia y sometida a un plebiscito a todas luces fraudulento (1980).
Y ahora se quiere exigir que una Constitución nueva sea discutida sólo por las instancias previstas en el propio texto, aprobada con las mayorías ahí asignadas, como si eso fuera realmente posible. No se condicen en proceso democrático con los procedimientos constitucionales, porque en Chile hoy existe una apariencia democrática, sujeta a controles que desnaturalizan el sistema desde sus bases más fundamentales.
Desde 1963 los políticos chilenos tenían claro que la sociedad estaba cambiando y sería preciso tener una nueva Constitución.
Cuando en 1964 Eduardo Frei Montalva propuso sus reformas, la izquierda y la derecha unidas pusieron todo tipo de obstáculos para evitar una reforma profunda que democratizara la sociedad. Unos no querían más democracia y los otros no querían que Frei encabezara el proceso.
Y pasó lo que pasó y cuando ahora la mayoría de los chilenos quiere una nueva Constitución, los conservadores, elitistas, institucionalistas, se oponen a ello.
Este es el dilema de hoy. ¿Se atreverá la Presidenta a enfrentar a las fuerzas conservadoras de dentro y de fuera de su gobierno?
¿Será capaz de ir más allá de los límites y convocar al pueblo a pronunciarse?Sin salirse de las reglas, pero haciendo un juego paralelo que haga entender a las elites que la vida avanza aunque ellos quieran mantener los ojos cerrados.
Este debate recién comienza.