Se ha cumplido con el veredicto democrático de la soberanía popular y se ha producido el cambio de gobierno, de acuerdo con las normas constitucionales que rigen el país. De este modo, se abre una nueva etapa en Chile.
Hace años que sostengo que la desigualdad existente en el país, se ha constituido en el principal obstáculo interpuesto ante la nación chilena para la armonía de su convivencia interna, la ética social que la distinga, su fortaleza institucional y la vitalidad que tenga el sistema político para dar justa respuesta a los fenómenos de desencanto que se expresan en franjas significativas de la sociedad.
Asimismo, contradiciendo la teoría neoliberal, de que se crece como país cuando cada cual se las arregle como puede, la desigualdad entorpece severamente los esfuerzos hacia un nuevo ciclo de crecimiento económico al horadar la legitimidad social de tal objetivo fruto de las consecuencias generadas por una desatada concentración de la riqueza.
Hoy se observa una etapa superior de la desigualdad por la impotencia de frenar los abusos e injusticias que afectan a la población.
Desde que la votación concertacionista, descendió en las elecciones parlamentarias de 1997 en cerca de un millón de votos, he sostenido este punto de vista. Ahora esta idea se ve ratificada por la recién asumida Presidenta al indicar que, precisamente, el gran adversario es la desigualdad.
Se trata que en la sociedad chilena en su conjunto se haya extendido esta convicción. La paz social y la estabilidad democrática están unidas a una pronta disminución de la desigualdad.Asumir esta conclusión significa actuar en coherencia con ella, es decir, que la carta de navegación gubernativa está determinada por esta idea.
En tal sentido, la agenda económica y social se juega en la voluntad y eficacia gubernativa de estos primeros meses. Las expectativas ciudadanas son elevadas y exigentes. De manera que el empuje para sacar adelante la reforma tributaria que financie la anhelada reforma educacional resultan ser un hito ordenador. Son los brazos sustantivos del proceso reformador.
Asimismo, están en la agenda los temas que la ciudadanía expresó en tantas jornadas durante el 2013: la recuperación de la dignidad en la salud pública, las reformas laborales para aumentar la participación del mundo popular en la distribución del ingreso, la urgencia de otorgar al sistema de pensiones las condiciones básicas para que la condición de adulto mayor no sea sinónimo de pobreza y aislamiento, la necesidad de una respuesta a la demanda indígena que se ha agudizado en los últimos años, la reinstalación de una política de vivienda con auténtico sentido social, la creación de un nuevo horizonte en el ámbito de la política energética, la generación de una política de seguridad pública que realmente frene a la delincuencia y la consecución de una estrategia que salve a las micros, pequeñas y medianas empresas, son todas cuestiones que no se podrán eludir y deberán tener su sitio en la tarea que se ha iniciado.
Lugar especial es la acción de fiscalización y regulación tendiente a poner término a los abusos y la colusión en servicios esenciales para la población.
De manera que son enormes las dimensiones del desafío por lo que no hay margen para el escapismo de consignas rimbombantes, fruto de la sobre ideologización o del voluntarismo de quienes se sienten dueños de la verdad y quieren imponerla al país aun cuando sean minoría y su maximalismo contradiga las tareas primordiales del ejercicio de un buen gobierno.
En tal sentido, exigir poner en el centro el tema de una Asamblea Constituyente es un camino directo al escapismo, a que los grandes temas para hacerse cargo de la desigualdad no se enfrenten y queden indefinidamente pendientes.
La izquierda siempre ha impulsado el progreso social, desde Valentín Letelier hasta Recabarren, desde Clotario Blest hasta Salvador Allende; no hay ninguna razón para abandonar este camino estratégico.Ello se enmarca en los desafíos que el país impondrá en la agenda.
No cabe duda que las perspectivas son desafiantes, pero la correcta priorización de las iniciativas centrales del periodo permitirán afianzar la mayoría nacional capaz de respaldar el proceso de reformas que se haga cargo de la desigualdad y logre que Chile avance, que llegue a una nueva etapa de desarrollo que fortalezca el sistema político y permita afianzar el régimen democrático en Chile.