Según nos informó la prensa ayer, al término de su reunión con el futuro ministro de Obras Públicas, la actual titular de esa cartera, Loreto Silva, mostró como uno de los logros de su ministerio que se hubiera adjudicado el tramo El Salto-Príncipe de Gales de la autopista Américo Vespucio Oriente.
Esto requiere de dos precisiones inmediatas.
Primero, no es cierto que lo adjudicado aborde trabajos que se vayan a hacer en toda esa extensión, sino que sólo será entre El Salto y Avda. Bilbao, con lo que –y esto el mismo Ministerio lo ha reconocido– al terminarse esas obras se incrementará el problema de atochamiento en la comuna de La Reina.
Esto perjudicará directamente a varias decenas de cuadras de los alrededores y afectará de manera nociva a toda la comuna.
Por eso, la finalidad que debería haberse perseguido, de beneficiar a la ciudad con flujos más expeditos y a los vecinos aledaños a la autopista no se consigue, sino, por el contrario, los objetivos definitivamente no se cumplen. Ninguna autoridad debiera sentirse satisfecha de ello.
Segundo, la razón por la cual se dividió la licitación -excluyéndose desde Bilbao hasta Avda. Grecia- se debe, exclusivamente, a la falta de capacidad o voluntad de las últimas autoridades del ministerio de Obras Públicas, discriminando a los habitantes de las comunas de La Reina, Ñuñoa y Peñalolén.
Nunca tuvieron intención efectiva de dar el trato que otorgaron a Las Condes y Vitacura, a las demás comunas que también se afectaba.
Lo que hicieron los últimos ministros fue actuar en el terreno fácil: simplificar su cometido solucionando sólo una parte de lo que tenían que resolver y dejando un grave problema a la gestión que ahora se inicia. Incluso mayor al que había cuando asumió el gobierno que se va.
Se desechó por las autoridades el criterio fundamental de que las ciudades se deben construir y crecer de manera armónica e integrada, y con mayor razón cuando se trata de intervenir en vías estructurantes, como lo es la autopista Américo Vespucio Oriente.
Estamos seguros que la Presidenta y el nuevo Ministro arbitrarán las medidas necesarias, que corrijan y compensen adecuadamente a los habitantes de las comunas que han sido marginadas y efectivamente se nos incorporará a los espacios de decisión de los cuales hemos estado excluidos.