El problema del agua en Chile es complejo, especialmente en las regiones del norte, como es el caso de Atacama. En la región esta dificultad se arrastra hace mucho tiempo, tanto por la escasez hídrica que enfrentamos naturalmente, como por el tratamiento que se hace del agua desde la empresa privada, sin alcanzar una solución efectiva para la continuidad en su acceso, y menos en la calidad del agua que consumimos a diario.
Los precios del agua en la Región de Atacama siempre han sido más altos que el promedio nacional, y aún así, la oferta que recibimos no es buena. La falta de información y claridad respecto a lo que cancelamos en las cuentas habituales, pocas veces se transparenta y se comunica adecuadamente.
En este sentido, es necesario generar un marco legal para la participación ciudadana en la fijación de tarifas de los servicios sanitarios.
Actualmente la Ley del Consumidor, define como funciones de las organizaciones de consumidores “participar en los procesos de fijación de tarifas de los servicios básicos domiciliarios, conforme a las leyes y reglamentos que los regulen”. Sin embargo, no establece un mecanismo para que efectivamente se pueda ejercer este derecho.
Por otra parte, la Ley de Tarifas de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, así como el Reglamento de la Ley de Tarifas de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, reducen la participación de los consumidores solo a la formulación de observaciones en la etapa de Bases Tarifarias Preliminares -como cualquier otro interesado en el proceso- las que son informadas a los consumidores solo a partir de una muy general publicación en el Diario Oficial.
En este sentido, de acuerdo a la normativa vigente, la negociación de los precios se establecen solo mediante el intercambio de los estudios tarifarios que realiza la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) con la empresa concesionaria, pudiendo llegar a un acuerdo directo entre las partes.Esto evidencia la falta de opinión de cualquier otro actor que quiera participar de este complejo proceso.
En caso que existan discrepancias entre ambas entidades, la ley contempla la creación ad–hoc de una Comisión de Expertos, donde tampoco se considera la participación de los consumidores.
Así, no existe ningún mecanismo de entrega de antecedentes completos y oportunos sobre los parámetros técnicos y económicos de esta negociación, ni menos un espacio para posibilitar que las asociaciones de consumidores puedan generar medidas de control social sobre los planes de inversión establecidos.
Éstos son financiados por los propios usuarios en cobros mensuales, desde que se fija el nuevo precio del agua, pero no necesariamente esos ingresos son usados por las empresas para reposiciones y/o reparaciones de la infraestructura sanitaria.
Además, tanto a nivel regional como nacional, las asociaciones de consumidores tienen la convicción que algunas empresas sanitarias solo realizan las inversiones al termino de los cinco años, es decir cuando ya termina la vigencia del decreto tarifario. Ello genera problemas en la calidad de la prestación del servicio y también deslegitima la rentabilidad legal del 7% sobre el capital invertido por las empresas concesionarias.
La fijación de una tasa de rentabilidad sobre la inversión, conduce a que las empresas tiendan a entregar soluciones más caras, a la hora de proponérselas a la autoridad reguladora, no importando si es lo más adecuado para el consumidor final, o si existen otras alternativas.
Pareciera que lo que importa es asegurar la rentabilidad del negocio, sin considerar la calidad y continuidad de un servicio de vital importancia.
He venido trabajando y apoyando una propuesta de las asociaciones de consumidores y las uniones comunales de Copiapó, la que pretende establecer un procedimiento de participación y representación de las asociaciones de consumidores en las distintas etapas del proceso de fijación de tarifas del agua potable.
Iniciativas como ésta dan cuenta de la importancia de la participación ciudadana activa en los procesos legislativos, y cómo las organizaciones sociales adquieren preponderancia con la presentación de proposiciones serias y profesionales.
Estoy segura que contaremos con una alta unanimidad entre mis colegas parlamentarios para que podamos hacer los cambios reglamentarios que correspondan y así contar con un proceso tarifario transparente, informado y justo para toda la ciudadanía.