En la lucha contra la delincuencia unos de los peores errores que uno puede cometer es ponerse en ridículo.Hago esta afirmación porque se nos explican las enormes bondades que tendría el proyecto de ley de control preventivo de identidad, impulsado por el gobierno y que se discute en el Senado, para luego señalar, por sus mismos sostenedores, que Carabineros ya tiene la misma atribución y más para actuar contra la delincuencia.
Entonces, la posición del gobernante es de una inconsistencia y de una incoherencia absoluta. Se nos convoca a votar por la importancia que esto tiene, pero en la discusión legislativa se nos dice: “esto Carabineros lo puede hacer perfectamente bien, y puede hacer mucho más”.
Esto viene a confirmar que estamos en presencia de una iniciativa que tuvo carácter político electoral en el curso de la última campaña presidencial, y que está muy lejana de los verdaderos desafíos que tiene el Estado en materia de seguridad pública.
Es más, en una reciente editorial de El Mercurio se cataloga el tema como “un fracaso del Estado” y esto dice relación con la situación de La Araucanía. En el diario que guía a muchos de quienes hoy están en el Gobierno como medio de opinión, se señala que “es inaceptable que el Estado de Chile se muestre incapaz de esclarecer estos atentados y proporcionar el mínimo de seguridad a que tienen derecho los habitantes de la región.”
El desafío en Chile es muy profundo y no tiene nada que ver con pedirle el carné de identidad o el pasaporte a nadie. Lo que el país advierte claramente es que hay un “fracaso” de la policía en materia investigativa y de inteligencia policial. No busquemos subterfugios.
Lo ridículo es que para tapar las apariencias se termina con algo tan pueril como pedir a los ciudadanos su cédula de identidad.
Manifiesto esto con la autoridad que me da haber sido, como Presidente del Senado, quien condenó con la mayor energía el crimen de la familia Luchsinger MacKay, y cuando discutimos aquí ese tema, señalé categóricamente que no hay ningún argumento, ni de la causa mapuche ni de la causa que sea, que pueda excusar que un grupo armado rodee una casa en plena noche, la incendie y asesine a quienes están viviendo en ella.
Con la misma energía condeno el asesinato del comunero mapuche Matías Catrileo, del dirigente socialista Héctor Gallardo Aillapán y de todos quienes han perdido su vida por la intolerancia y la violencia irracional.
Lo que está ocurriendo es que los verdaderos asesinos, los criminales, los extremistas actúan con una entera y total impunidad por el fracaso de la inteligencia policial, que no ha tenido ninguna capacidad de detectar a nadie y de una política pública que apunta exclusivamente a lo mediático y que quiere agregar una supuesta facultad que ya existe.
Aquí estamos hablando de una persona que está afectada de leucemia y a la cual le estamos recomendando un ‘mejoral’. Por eso es que finalmente, la argumentación cae en el ridículo, porque se señala que Carabineros tiene estos instrumentos que están en el Código Procesal Penal.
Si Carabineros lo puede hacer, ¡que lo haga! ¡Que actúe Carabineros! ¡Que encuentre a los asesinos! ¡Que encuentre a los criminales! ¡Que ubique a quienes tienen incendiada la Araucanía! ¡Eso es lo que se pide! Pero para eso no hay que pasar por encima de los derechos del pueblo mapuche.
Lógicamente el problema no se resuelve con medidas que -en definitiva- no hacen más que acentuar y agudizar la distancia que se produce entre los carabineros y la ciudadanía.
El punto no está en agravar los problemas haciendo que los carabineros estén cada día más lejos de la gente, empujar a que ellos en los centros, en las plazas, cerca de las intendencias, gobernaciones o municipios anden pidiendo el carné. El problema no es ese, no es hacer que la gente esté más irritada con la policía o que los ciudadanos tengan más “bronca” a los carabineros.
El problema es que la inteligencia policial sea capaz de encontrar a los extremistas, llevarlos a los tribunales y castigarlos.
Esta es una antigua y viejísima discusión: el problema de la seguridad pública no es coartar la libertad de las personas.El problema de la seguridad es castigar a los asesinos, a los extremistas, a los culpables de estos hechos tan terribles.
Y me pregunto ¿tienen alguna vinculación estos hechos de violencia descontrolada con pedirle el carné a unos jóvenes en una plaza? No tiene ninguna vinculación.
Espero que el Estado democrático no cometa un gravísimo error, en el caso de aprobar un proyecto de esta naturaleza. Porque hará que los que cometen esos actos continúen impunes y agravará la distancia entre la policía y la ciudadanía del país.