En las semanas que mediaron entre la primera y la segunda vuelta presidencial, el municipalismo chileno hizo entregó a las candidatas presidenciales su “Propuesta de Mejores Municipios para Chile: de Administraciones Locales hacia verdaderos Gobiernos Locales”. Entendiendo que en cuatro años de gobierno no será fácil lograr la materialización de las propuestas, consideramos lo que denominamos como agenda larga, poniendo en perspectiva lo que podemos realizar en los próximos cuatro años.
Entre las medidas de mediano plazo, planteamos cuestiones tales como la creación e instalación de la Subsecretaría de Asuntos Municipales y Desarrollo Local, que focalice de mejor manera lo que hoy realiza la Subdere a través de su División de Municipalidades.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, no tiene ni en su denominación siquiera el tema municipal incorporado.El trabajo para convertir a los municipios chilenos en agentes de desarrollo local, requiere a mi juicio, que el Estado se dote de una dependencia gubernamental con una preocupación específica y especializada en la materia y con rango de Subsecretaría.
En cuanto a descentralización fiscal, Chile exhibe uno de los porcentajes más bajos de inversión pública descentralizada a través de municipios y gobiernos regionales.Por ello planteamos aumentar un 30% del gasto gubernamental total a través de los municipios en los próximos cuatro años.
También en lo referido a financiamiento, consideramos oportuno implementar una Política de Compensaciones por las exenciones de diversos tributos de beneficio municipal. Por ejemplo, viviendas sociales, derechos de aseo, contribuciones, entre otros. Además, se requiere el rediseño de variables que componen el Fondo Común Municipal, de manera que incentive y premie el “buen gobierno comunal”.
En materia de reformas constitucionales de impacto en lo local, hoy no existe disposición legal que garantice el cumplimiento de la obligación descrita en el inciso cuarto del artículo 5º, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Debido a la ausencia de tal disposición legal, los municipios se han visto obligados a financiar con fondos propios las nuevas funciones y atribuciones que se les han asignado en los últimos años.
Por ello se requiere un proyecto de reforma constitucional que debiera incorporar un artículo único que introduzca una modificación en el artículo 122 de la Constitución Política.
Además, proponemos incorporar un nuevo inciso al citado artículo, estableciendo que cualquier nueva función u obligación que se le asigne a los municipios deberá contemplar el financiamiento respectivo.
Hoy, al no tener asegurado en la Constitución el financiamiento de cada nueva función, se amplía la brecha entre municipios ricos y los que sobreviven con escasos recursos. Así aumenta la desigualdad, la que no sólo es social y económica sino que es también una desigualdad territorial.
En cuanto a la participación ciudadana, el ámbito local debe ser el espacio preferente para expresar la participación de los vecinos y vecinas. Entonces, corresponde generar más y mejores mecanismos de Participación Ciudadana complementarios a los Consejos de Organizaciones de la Sociedad Civil. La participación ciudadana a nivel local no se agota en la elección de alcaldes y concejales.
Y si nos referimos a los ediles, para fortalecer los municipios, es vital promover el perfeccionamiento del rol del concejal y del concejo municipal junto con las condiciones para el desempeño del cargo.
Los concejales y concejalas cumplen un importante rol en sus municipios, en especial como vínculos de la participación de los vecinos y vecinas, pero las condiciones para el ejercicio de sus funciones distan mucho de estar a la altura del importante papel que cumplen en sus comunas.
Acerca de la transferencia de competencias, lo más lógico sería hacerla paulatina a la administración municipal de los distintos servicios que operan en el territorio de forma muchas veces descoordinada: Fosis, Indap, Sence, Instituto Nacional del Deporte, entre otros.
La administración municipal y sus autoridades, por su inserción territorial, conocen de mejor manera los problemas y necesidades de sus comunidades y son numerosas las funciones y transferencias condicionadas de recursos a través de programas diseñados centralmente que no corresponden a lo que realmente se necesita a nivel comunal.
Por otra parte, el municipio debe ser proactivo en la generación de alianzas multisectoriales. Para lograrlo proponemos diseñar los mecanismos y la institucionalidad para facilitar y promover la cooperación pública–privada en la Gestión Municipal.
Finalmente, una propuesta de mediano plazo debe contemplar la elaboración de una “Nueva Ley Orgánica de Municipalidades” que asuma en plenitud las nuevas características del municipio, de las comunas y de las demandas ciudadanas del Chile actual y que se expresan a nivel local. Al respecto, en los próximos meses la AChM entregará un proyecto de Ley integral para la Reforma Municipal.
El municipalismo chileno no va a ser jamás un actor que se instala desde la queja y de la excusa y por el contrario, pretende ser un actor relevante y propositivo para las transformaciones del Chile del futuro.
Para ello, Alcaldes, Alcaldesas, Concejales y Concejalas de Chile trabajan cotidianamente inmersos en sus comunidades, construyendo ciudadanía activa, pensando y trabajando por un nuevo municipio como agente de desarrollo y como verdadero gobierno local.