Todos los días caminando al trabajo o mi casa veía un bombardeo de propaganda política de diferentes candidatos. Plazas, calles, gigantografías y jingle en las radios, son algunas técnicas que utilizaban los presidenciables para lograr un posicionamiento y lograr así un voto que pudo marcar una diferencia.
Sabemos que todas las coaliciones políticas recibieron dinero de diferentes empresarios, para apoyar las candidaturas, pero no tenemos una transparencia de los montos que se asignan para esta actividad.
Las empresas tanto privadas o públicas son entidades transversales, compuestas por trabajadores, dueños y clientes, por ende como instituciones no deberían apoyar a ningún candidato.Las empresas no son las que van a sufragar, sino lo hacen las personas.
Tenemos que tener en claro que no hay delito alguno a que un empresario a través de sus distintas filiales o empresas apoye con montos de dinero a los candidatos que más les parezca, pero sin duda es una de las correcciones que hay que realizar a una ley que para mí es obsoleta y no refleja la realidad política y social.
Otro tema preocupante de la falta de transparencia en los aportes privados en las campañas, son cuando las AFPs tiene participación activa o acciones en dichas instituciones, ya que no sólo hablamos de fondos privados, sino montos de todos los trabajadores y no puede ser aceptable que la decisión de participar en una campaña este en manos del directorio.
Los mismos candidatos saben de donde vienen y para quién van los recursos que se donan a través de instituciones, el concepto de “marido engañado” ya no existe hace muchos años, ellos tiene claro a quién les van a deber favores.
Una de las alternativas para mejorar esta transparencia, es modificar la ley, explicitando que los montos tienen que provenir de las personas y no a través de instituciones privadas.
La segunda opción es que el Gobierno se haga responsable en financiar cada campaña política, siendo más equitativo la repartición y a su vez más transparente.