La proximidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias ha permitido que se reabra un espacio para intercambiar opiniones acerca de la descentralización y regionalización del país. Ese es un tema insoslayable para profundizar y extender la democratización del sistema político en Chile.
De manera que bienvenida sea la posibilidad de establecer criterios comunes sobre la materia, entre las diferentes fuerzas sociales y políticas que se involucran en la misma.
En todo caso, hay que advertir que hay un malestar en ciertas opiniones individuales que más que tratar la descentralización, se embarcan en un áspero rechazo al sistema político en su conjunto, tomando como base las imperfecciones que se arrastran en la institucionalidad del país, desde la reinstalación del régimen democrático hasta el presente.
Por eso, quisiera aportar con una propuesta precisa que sí efectivamente permite avanzar en la capacidad de las regiones para acceder a una nueva etapa, hacia un desarrollo autosustentable.
Se trata de establecer una normativa de rentas regionales, que por mandato constitucional sólo se puede abordar con una ley que lleve la firma del Presidente(a) de la República.
Es decir, esta decisiva ley se podría tratar en un proyecto aparte o como capítulo de la reforma tributaria que Michelle Bachelet ha comprometido para la primera etapa de su futuro gobierno, en el caso de ser elegida, y que debiese servir su ambicioso propósito de concretar una reforma educacional que entregue una educación de calidad, universalmente gratuita, para todos quienes cursen su enseñanza, liberando a la clase media del pesado fardo de una deuda que se torna impagable para miles de hogares.
Hoy la situación es enteramente injusta, el caso más conocido es el que, personalmente señalé hace varios años y que hoy es ampliamente conocido.
En la comuna de Arauco, frente a la enorme planta de la celulosa de ese mismo nombre, un kiosco paga más patente al municipio que su poderosa vecina. Incluso las poderosas empresas de transporte pesado están inscritas en las comunas ultra poderosas de la Región Metropolitana.
Un camino cargado de rollizos solo le provoca gastos a la región que, teóricamente son devueltos a través del Fondo de Desarrollo Regional, que se ha demostrado como una simple aspirina o un piretanil ante el dolor que se genera por una inercia que prosigue socavando la perspectiva regional.
En los hechos la Región del Biobío tiene una tasa de crecimiento considerablemente inferior a la media nacional. Así no se puede continuar, porque esa desigualdad será también motivo de fractura en alguna circunstancia venidera.
Toda política responsable aconseja orientar un desarrollo equilibrado entre las regiones y no un crecimiento elefantiásico de Santiago, que absorbe y succiona recursos ilimitadamente, con nuevas líneas de metro, más autopistas y más gasto en el Transantiago.
Esa deformidad requiere ser reorientada hacia metas regionales que tengan un gran objetivo nacional: un crecimiento equilibrado en todo el territorio del país. Con eso, todos ganaremos.
Por ello, sugiero estudiar y definir una ley de rentas regionales que permita que las regiones cuenten con un piso de ingresos propios que garantice sus inversiones y crecimiento, frenando la desmesurada centralización que se ha impuesto en el actual ciclo económico que vive Chile.