En una nueva muestra de la clara intención de este gobierno de criminalizar y castigar la movilización y la protesta social, el día viernes 11 de octubre, el gobierno informó a un conjunto de municipalidades, que se les castigaría con un descuento de su remesa regular de salud por el supuesto incumplimiento del compromiso de atención establecido en el decreto per cápita que es el que regula la continuidad de la atención primaria de salud.
Este supuesto incumplimiento se habría dado durante las movilizaciones de julio del sector salud municipal en respuesta al llamado a paro convocado por la Confusam.
Cabe destacar que existen solo dos razones que podrían justificar un recorte como el anunciado.
Las que se refieren al no pago de los fondos previsionales de los trabajadores, por un lado, o las referidas al incumplimiento de los indicadores que aseguran continuidad en la atención, por el otro.
Por nuestra parte somos enfáticos y tajantes: ninguna de ambas se ha manifestado, al menos en nuestra comuna, desde la llegada de nuestra administración. Como si fuera poco, está establecido que para poder llevar a cabo un recorte como el mencionado es necesario que las faltas se acrediten mediante una visita inspectiva de la cual debe emanar un acta que debe ser entregada al CESFAM supervisado y no existe evidencia alguna de que ello haya existido.
Adicionalmente podemos afirmar – con evidencia en la mano – que el día en cuestión se mantuvieron abiertos todos nuestros centros de salud; que todos nuestros trabajadores llegaron a sus puestos de trabajo y marcaron sus tarjetas de ingreso; que a pesar de adherir a la movilización, no se declararon en paro; que consecuentemente con nuestro compromiso con el derecho a la salud de nuestros vecinos y vecinas, se prestaron todas las atenciones programadas y espontaneas que llegaron al sistema de atención primaria de Recoleta, desarrollando incluso una extensión horaria hasta las 20 hrs, con turnos éticos en todos nuestros consultorios.
En este contexto, no nos queda más que asumir que esta medida, arbitraria e ilegal tiene por objeto castigar a la población beneficiaria del sistema de salud primaria, que es la que, en definitiva, dejará de recibir las prestaciones resultantes de los fondos recortados, al mismo tiempo que constituye un golpe a los esfuerzos que las nuevas administraciones locales estamos desarrollando para mejorar un sistema de salud municipal que fue durante 12 años de gobiernos locales de la UDI, víctima de una política sistemática de destrucción de los servicios públicos dependientes de la municipalidad.
Lamentamos profundamente la incapacidad de diálogo que evidencia el gobierno en esta materia, tanto con el mundo de los trabajadores de la salud municipal como con las administraciones locales, al tiempo que exigimos que se deje sin efecto esta medida que no tiene razón de ser y que se encamina precisamente en la dirección contraria de la necesidad de fortalecer y potenciar el derecho a la salud de la población como un derecho garantizado por el Estado.