Durante el año 2012 tuvo lugar el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, lo que tradicionalmente se viene haciendo cada década en nuestro país. La información que estas muestras entregan es muy importante para la planificación de políticas públicas y la elaboración de programas sociales.
Pues bien, el actual Gobierno, con su habitual lenguaje auto referente y grotesco, señaló que iba a hacer el mejor censo de la historia, apostando, además – en otra de sus obsesiones – a innovar y realizar por primera vez la encuesta bajo una nueva modalidad.
En lugar del día feriado y los encuestadores voluntarios tradicionales, esta vez se haría en varios meses, sin declarar feriado y con censistas pagados. Se dijo que ello ahorraría al país unos 200 millones de dólares al no perderse un día laboral.
Ya durante el desarrollo del censo comenzaron a percibirse las dificultades. A los problemas de contratación de los encuestadores y pago de remuneraciones siguieron las miles de denuncias acerca de viviendas no censadas, encuestas mal hechas y otras irregularidades. Ello hacía temer por la confiabilidad del muestreo, pese a que las autoridades llamaban a la calma.
Al entregarse los resultados se confirmaron las sospechas. La población cuantificada era mucho menor que la prevista. Asimismo, se reparó en que las cifras no eran un resultado exacto sino una mera proyección que, sin embargo, era presentado como resultados oficiales. En buen chileno, no teníamos un cómputo cabal, sino una estimación “al ojo”.
La gravedad de la situación llevó al Presidente de la República a remover al Director del Instituto Nacional de Estadísticas, a convocar a una comisión de expertos que analizara lo ocurrido y propusiera soluciones y a enviar al Parlamento un proyecto de ley para reestructurar el INE.
Paralelamente, la Fiscalía iniciaba una investigación por falsificación y adulteración de instrumentos públicos en contra de su ex director.
Pues bien, tras meses de análisis, la Comisión Externa que evaluó el censo entregó sus conclusiones. Estas son lapidarias y vergonzosas.
Comprobó que un 9.3% de los hogares no fueron encuestados, cifra que llega al 20% en algunas comunas y recomendó, en consecuencia, hacer un nuevo censo abreviado el 2015 y no utilizar los resultados del 2012 en ninguna estadística oficial.
El mejor censo de la historia resultó, entonces, un fiasco. El Gobierno de la excelencia dio una nueva muestra de total ineficiencia.
Lo ocurrido es muy grave para el prestigio de Chile, para la credibilidad de nuestras cifras y mediciones, y sobre todo, para el diseño y evaluación de programas públicos, especialmente los destinados a enfrentar la pobreza y necesidades sociales.
Con esos datos, por ejemplo, pueden estimarse los beneficiarios y con ello los costos de las diversas medidas, entregar recursos a las comunas y planificar las metas e inversiones públicas.
La magnitud del problema es tal que ni siquiera da tiempo para quedarse en la crítica y la denuncia. Contar con estos datos a la brevedad es urgente. No podemos esperar hasta más allá del 2015. Es imprescindible encontrar una fórmula más rápida y expedita.
Nuestro país merece una explicación y, sobre todo, una solución para este escándalo.