Finalmente, esta semana se impuso en el debate sobre el salario mínimo lo que, desde el mes de marzo, venían sosteniendo diversos parlamentarios de oposición y gobierno: que era impresentable establecer cerca de 203 mil pesos y que no se podía legislar por menos de 210 mil pesos mensuales.
Como la autoridad de gobierno no escuchó sino que atacó y descalificó las opiniones distintas a la suya se perdió un tiempo precioso, cuatro meses, sin que centenares de miles de familias pudiesen recibir un alivio en sus tensionantes condiciones de vida.
La tecnocracia oficialista esgrimió argumentos que luego abandonó en una muestra de total oportunismo.La supuesta fijación de criterios “técnicos” quedó en nada.
La presión partidista fue mucho más poderosa. Sin maquillaje, desde lo técnico a lo electoral, fue el giro de la autoridad económica. Los riesgos macroeconómicos se olvidaron. Sin arrugarse y sin inmutarse esa “ponderada” voz pasó a presentar como bueno lo que descartaba como malo.
El vertical y rígido comportamiento “técnico” se convirtió solo en una pantomima. La tecnocracia oficialista quedó sin banderas.
Ello viene a confirmar que en nuestro país tenemos un serio problema. Hay un severo debilitamiento en la confianza del cual la administración Pinera es responsable. Los escándalos del INE y del SII han acentuado el desencanto hacia el sistema político e institucional. Es demasiada la ineptitud.
Ahora, en el caso del salario mínimo cuando la autoridad alardea que está entregando “el mayor” reajuste de la historia no es creíble, la razón es que de sobra se conoce que está presentando lo ajeno como propio, pues debió ceder ante su propia orfandad y debilidad política.
Lo mejor sería el reconocimiento de los hechos tal como ellos fueron.