Nuevamente, un Informe de la Contraloría General de la República (CGR) descoloca a la autoridad de gobierno y, otra vez, en el centro del cuestionamiento se instala la decisión del ahora ex Director del Servicio de Impuestos Internos de proceder a la condonación de la deuda de la empresa Johnson que facilitara su adquisición por el mega conglomerado del retail, Cencosud.
Una resolución que burló el ingreso a las arcas fiscales de más de 59.000 millones de pesos de entonces. Es decir, una cuantiosa transferencia de capital enteramente inexplicable e inaceptable, una verdadera donación no a una Pyme o a un sector estratégico de la economía que así lo requiera, sino que para financiar un aumento de la concentración de la riqueza y la propiedad y, en consecuencia, la instalación de un nuevo peldaño en la desigualdad que afecta el país.
He escuchado a parlamentarios oficialistas, estrechamente vinculados a la derecha económica, que han defendido porfiadamente lo obrado por el renunciado Director.Sin embargo, lo señalado por la CGR anula sus argumentos.
La obligación de “abstención” no se observó. Sus compromisos previos al ejercicio de su cargo así lo exigían. Esto obedece a los vasos vinculantes entre grupos corporativos que se han desplazado desde las consultoras privadas, asesoras de los mega consorcios, especializadas en recomendaciones que les reduzcan la carga tributaria, hacia el sector público, exactamente “al otro lado” del mesón.
Estos “bufetes” de fiscalizados pasaron a ser fiscalizadores. En la teoría económica, se habla elegantemente de la captura del regulador por el regulado. En este caso, desde una afamada consultora experta en “auditorías” se saltó a las más altas responsabilidades en Impuestos Internos. El resultado es el ya conocido por el país, perdida neta de recursos fiscales y un daño invaluable a la institucionalidad pública.
Por sostener estos criterios recibí airados improperios desde la derecha, en el Senado de la República, hace algunas semanas.
La situación expuesta, ha sido el permanente talón de Aquiles de la administración Pinera en materia de asuntos financieros, el conflicto de interés, la sombra persistente del interés económico privado que se mueve con el propósito de atrapar las instancias de fiscalización o regulación sobre las que recaen las atribuciones necesarias para cautelar el interés común.
Ese oneroso e incierto campo de fines que se contraponen, entre lo público y lo privado,se constituye definitivamente como uno de los mayores lastres del gobierno de la derecha.
Las mismas voces oficialistas se afanaron en insistir que estos “fichajes” están hechos con gente de “excelencia”, incluso, con cierta exageración llegaron a decir que se atenta en contra de su derecho al trabajo. Curioso alegato. Estos ejecutivos son parte de una red de intereses, que está tan tupida y extendida que la cesantía no entra en el cálculo individual de quienes componen esta tela de araña.
No obstante, en mi ánimo no existe la menor intención de lesionar el prestigio de estas personas.Se trata, simplemente, de cerrar el paso a la fuerte capacidad que tienen estos círculos densos y poderosos de penetrar el Estado para manipularlo en función del afán de lucro que les anima.
En el caso Johnson la derecha alega que la quiebra era lo peor, pero resulta evidente que ese argumento se levanta sobre la marcha, ante la ilegitimidad del acto de favoritismo que se dictaminó y que conllevaba inequívocamente el traslado de dichos activos al control predestinado de antemano, cuyas ansias estaban desatadas.
No era para menos, su valor patrimonial se incrementó de inmediato en más de dos mil millones de dólares, fue un golpe bursátil facilitado por la propia autoridad económica. En consecuencia, desde el punto de vista del interés general de la nación fue una decisión absolutamente insostenible.
Consciente de esta realidad ha sido el mismo Presidente de la República quien se apresuró a señalar en entrevista pública que él no estaba informado de la situación.
Entonces,¿porqué la autoridad cuestionada siguió tanto tiempo en sus funciones?, al final fue como una pera madura que cayó por sí misma, sin nada que la pudiera sostener. Es en este punto donde radica la incapacidad gubernativa, en su ineptitud para resolver los conflictos de interés.
En el debate parlamentario fui duramente agredido en lo verbal por afirmar que la destitución del ex Director era inevitable. Ahora que ya se fue, seguro que nadie será capaz de dar las excusas del caso.