Al conmemorarse un año más de la Nacionalización del cobre, es bueno recordar que ella tuvo y seguirá teniendo un hondo significado político, histórico y económico para Chile.Estamos hablando de un hecho de tal envergadura que fue capaz de generar un consenso político inédito en la historia patria.
Todavía resuenan las palabras del Presidente Salvador Allende que en la plaza de los Héroes de Rancagua diciéndole a Chile y el mundo , “Hoy es el día de la dignidad nacional y de la solidaridad. Es el día de la dignidad, porque Chile rompe con el pasado; se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política.”
Es ese 11 de julio de 1971, día de la promulgación de la ley que nacionalizó la gran minería, el que marca un antes y un después en el desarrollo económico nacional, en la posibilidad cierta que un país en desarrollo pudiera hacerse cargo de políticas públicas destinadas a financiar obras de infraestructura nacional.
Políticas para superar los déficit de viviendas para los sectores más carenciados, de cobertura de la salud y redes asistenciales, para expandir la educación pública, y de todas aquellas políticas y programas que le han cambiado la cara a Chile.Especialmente desde la impronta que tuvieran los gobiernos democráticos y pluralistas que, luego de la larga noche de la dictadura, supieron modernizar y superar la pobreza de un país aislado y retrasado hasta ese entonces.
El gran instrumento que Chile ha tenido a la mano para enfrentar esos desafíos y avanzar en el desarrollo y crecimiento nacional ha sido, sin duda alguna CODELCO y sus trabajadores, artífices de la nacionalización y gestores de su futuro.
Durante cuatro décadas, CODELCO ha entregado excedentes al Estado por más de 100.000 millones de dólares, ha contribuido a expandir el producto nacional y financiar el costo social que a lo largo de las dos últimas décadas ha reducido a la mitad la Extrema Pobreza en Chile.
En términos concretos, CODELCO ha sido la gran palanca del Estado para contribuir al crecimiento económico, acercándonos cada vez más al objetivo de transformarnos en un país desarrollado.
El sentido profundamente estratégico para Chile de poseer una empresa como CODELCO, ciento por ciento estatal, quedó en evidencia durante el año 2009. Fue precisamente gracias a los recursos ahorrados por los excedentes de CODELCO que el país pudo hacer frente favorablemente a la crisis financiera mundial de ese período y la ex Presidente Bachelet pudo financiar los programas sociales programados.
Sin embargo, lo más relevante es que la cuprífera estatal es capaz de hacer este gran aporte a todos los chilenos solamente con el 30% de la producción nacional de cobre mina.No olvidemos que más del 68% de la producción de cobre del país está en manos privadas y que en el año 2010 las diez principales empresas privadas de la gran minería del cobre tributaron al Fisco de Chile tan sólo 3.660 millones de dólares, en circunstancias que Codelco lo hizo por 6.060 millones de dólares en igual período.
Lamentablemente hoy, y no obstante haber avanzado durante el gobierno de Michelle Bachelet, en una ley de gobierno corporativo, ampliamente reclamada por vastos sectores. Ello es condición necesaria para transformar a CODELCO en una empresa de clase mundial, con un directorio de excelencia, con planes de inversión financiados pluri anualmente, con el concurso decidido de sus trabajadores, pero vemos peligrosas señales que se dirigen a crear condiciones para disminuir el valor de la empresa.
La determinación de la autoridad económica de financiar el programa de inversiones de la corporación estatal -especialmente por la vía del endeudamiento- puede significar que la calificación de riesgo de la corporación baje y que se afecte su posición comercial y financiera.
Igualmente, es preocupante que una alianza estratégica con los trabajadores, larga y exitosamente construida luego de recuperada la democracia durante los gobiernos de la Concertación, sea desechada unilateralmente, vulnerando el sentido profundo que tuvieron los legisladores al acordar que en el directorio de esa empresa fueran dos los representantes de los trabajadores y así indicar el modelo de gestión a que se aspiraba en una empresa estatal.
Por ello, a 42 años de la nacionalización del cobre, no solamente debemos aplaudir la visión de los trabajadores, políticos y parlamentarios de la época que supieron crear un sentido común nacional, que permitió recuperar para todos nosotros una riqueza esencial que tanto ha aportado al desarrollo nacional, sino que especialmente rescatar y actualizar el sentido profundo que tuvo ese acto de soberanía y dignidad nacional.
Finalmente, quiero compartir una última reflexión que nos entregara el Presidente Allende en 1971, y que hoy está plenamente vigente, pensando justamente en lo que tenemos que enfrentar para este nuevo siglo que estamos iniciando.
“Lo que se haga en el cobre dependerá de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega sacrificada a hacer que el cobre se siembre en Chile para el progreso de la patria”.