El domingo se cerró el ciclo de primarias, las primeras legales en Chile, donde las dos coaliciones políticas más fuertes midieron a sus candidatos presidenciales, por Nueva Mayoría ganó holgadamente Michelle Bachelet y por la Alianza, de forma estrecha, se impuso Pablo Longueira.
Se inicia así el segundo semestre del año con la campaña presidencial en pleno donde los ganadores de la primaria enarbolaban principios tendientes a cerrar brechas existentes en Chile tanto desde la disminución de la desigualdad como desde el avanzar en la justicia.
Este contexto parece oportuno para plantear una significativa desigualdad e injusticia que observamos en el país, aunque muchas veces invisibilizada, la desigualdad territorial.
El destino de la mayoría de los chilenos y chilenas depende en gran medida del lugar donde se nace, crece o vive, y no de sus capacidades y esfuerzo, porque las oportunidades de desarrollo y bienestar están concentradas en unos pocos territorios, en desmedro de otros. Situación que quita oportunidades de desarrollo para el país, lo que según los expertos implica empezar a perder capacidad de crecimiento.
Estas desigualdades territoriales se han expresado en las últimas movilizaciones regionales de Punta Arenas, Aysén, Freirina, Calama y ahora último en Quellón. Aunque no tenemos en nuestro país muchas cifras desagregadas y confiables a nivel regional y comunal algunas de ellas nos muestran estas evidencias de desigualdad.
Con un promedio nacional de 36%, la informalidad laboral fluctúa desde los registros de O’Higgins y Antofagasta en torno a un 29%, hasta el 47% de la Araucanía. Maule, Los Lagos y Los Ríos también presentan niveles importantes de informalidad, en torno a 40%.
El PIB per cápita regionalizado da cuenta de la desigual distribución territorial del ingreso, dado que sólo 4 de las 15 regiones del país superan el promedio nacional correspondiendo éstas a las tres regiones de perfil minero (Antofagasta, Tarapacá y Atacama) y a la Región Metropolitana de Santiago.
El 72.9% de la población pobre con discapacidad de larga duración reside en regiones distintas a la Metropolitana.
Estas brechas sectoriales a nivel territorial son evidentes y no podrán disminuirse con políticas públicas que sean ciegas a ellas como ha ocurrido en muchas oportunidades.
Es imprescindible poner en la agenda pública en este año electoral la necesidad de este cambio en la mirada y para ello un grupo de profesionales ha puesto a disposición de los diversos candidatos presidenciales, la Nueva Agenda Regional que Chile necesita para avanzar en cohesión territorial entendida como los cambios requeridos para que las personas en cada territorio tengan similares oportunidades de desarrollo y que ningún territorio tenga niveles de bienestar por debajo de los mínimos que como sociedad consideremos indispensables.