La manipulación de datos del Censo 2012 por parte del Director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y un grupo de asesores de dudosa reputación, algunos de los cuales ni siquiera eran pagados por la institución, es sólo la guinda que coronó la torta de desaciertos en una entidad que como pocas en Chile, no tiene derecho a equivocarse, al menos no tan groseramente, porque su trabajo no sólo es la base sobre la que se deciden políticas públicas y los recursos que se invertirán en ellas, sino que también es la responsable de generar información clave para el funcionamiento económico del país.
Los cuestionamientos al cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), demuestran que el tema censo no es un hecho aislado. Por el contrario, son la constatación de que el Ejecutivo decidió meter en la trifulca de la política mal hecha a un organismo técnico clave y lo hizo, porque era la única forma de dar sustento fáctico a su grandilocuente slogan de Gobierno de los mejores. Tanto que al peor y más caro censo de la historia, lo llamó –era que no- el mejor censo de todos los tiempos.
El drama de esta jugada es que le cuesta caro al país. Su imagen de seriedad sigue cayendo y reputados medios internacionales se preguntan como un país OECD no es capaz siquiera de contar su número de habitantes.
De hecho, The Economist planteó hace unos días que “la reputación de Chile como un lugar donde las estadísticas oficiales son de confiar, ha recibido una paliza durante los últimos tiempos” y, por si fuera poco, hizo eco de las inexactitudes de la encuesta Casen y de los cuestionamiento a los datos de inflación que aporta el INE a través del Índice de Precios al Consumidor.
El tema del IPC no es menor, toda vez que el Banco Central, por ejemplo, calcula su índice de referencia del tipo de interés fijo sobre la base de la inflación; el valor de la UF se establece según la variación del Índice de Precios al Consumidor, por lo que el devenir económico de millones de chilenos se juega en el cálculo de este indicador, chilenos que no son empresarios, chilenos que son trabajadores, chilenos que ganan el sueldo mínimo en cuyo reajuste el IPC tiene importancia central.
También las pensiones se ven afectadas si se falla en el cálculo este indicador y con ello, quienes sufren, son una vez más nuestros pensionados.
Todos ellos son los que me preocupan en este difícil momento que vive el INE. La banca – otra gran afectada por el escenario de incertidumbre que genera esta crisis- tiene como defenderse y hacer lobby para que este organismo técnico vuelva a hacer su trabajo independiente de la coyuntura política, de hecho le puso un plazo de 90 dias al gobierno para que enmiende este error.
Un trabajador al que le reajustan su sueldo según IPC de doce meses, no tiene ninguna posibilidad de hacer algo similar; un pensionado, menos aún, para eso estamos nosotros sus representantes en el parlamento y para eso está el gobierno si se pone del lado de ellos.
Economistas como Eduardo Engel, e incluso algunos bancos, sostienen que por año la inflación es 1 o 1,5 por ciento más alta que la cifra oficial entregada por el INE, vía índice de Precios al Consumidor. O sea, la gente nuevamente tiene razón: “los sueldos no suben como el costo de la vida”, lo que en medio de la discusión del sueldo mínimo cobra especial relevancia. Al respecto, un dato clave: el propio ministro de Hacienda habría reconocido que había un error de 0,5% en la Comisión Mixta que rechazó el Salario Mínimo de $205.000.
Por ello, le pido al Presidente de la República, al ministro de Hacienda y a la ministra del Trabajo, un gesto de humildad y que acepten que a la luz de lo que hoy ocurre con el Instituto Nacional de Estadísticas, su propuesta de 205 mil pesos debe ser revisada o como sostiene la Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, sencillamente, deben detener la discusión hasta no tener sobre la mesa información confiable respecto al IPC.
El voto negativo de la Comision Mixta no es casualidad y el Presidente no puede insistir con un veto sin reconocer la gravedad de lo que aquí ocurre.
La realidad es compleja y hay que avanzar en recuperar la confianza en el Instituto Nacional de Estadísticas. No con maquillaje político, no con medidas de forma, sino que apuntando al fondo y lo urgente.
Revisar el Censo con un criterio país, con un grupo amplio de expertos y si hay que repetirlo, ponernos colorados de vergüenza una vez y no pagar en el mediano y largo plazo los resultados de un trabajo mal hecho, mientras que en materia de IPC se requiere de un indicador que refleje lo que realmente ocurre en el país, lo que pasa por mejorar el levantamiento de precios, transparentarlos en el mercado y aclarar con prontitud y certeza cualquier duda metodológica.
Un tema más. Hay que escuchar a la planta técnico-profesional del INE. Los profesionales le dijeron al ex director lo que ocurría, pero este claramente no pudo o no quiso entender la magnitud del problema. Espero que el nuevo director, un profesional serio y de prestigio, parta por escuchar a su gente.
Para el final, un par de consideraciones. La primera destacar el trabajo del equipo técnico-profesional del INE, que permitió conocer lo que realmente sucedía en la entidad, que tiene que ver con una gestión más preocupada de politizar el servicio, que de potenciar el rol de una planta que cuenta con gente de excelencia y que en su cultura interna tiene asumida la responsabilidad capital de su trabajo.
La segunda es que hoy no podemos reírnos del ministro de Economía de Argentina que fue incapaz de responder cual era la inflación en su país, porque acá la situación es parecida y ni siquiera podemos decir con certeza cuántos chilenos somos.
La única diferencia es que el secretario de Estado argentino se ruborizó con la pregunta, mientras que el responsable político de lo que ocurre en el Instituto Nacional de Estadísticas corrió para tomar el teléfono y renunciar…pero para ser candidato a la Presidencia de la República.