Chile destinará otros 10.000 millones de dólares a la compra de armas entre 2013 y 2025, sin siquiera considerar la adquisición de municiones y el gasto en mantenimiento de equipos bélicos que pueden sumar 5.000 millones de dólares en ese lapso.
Ambas cifras, que triplican lo que pedían los estudiantes en las marchas de 2011 para otorgar educación gratuita a todo el país, tampoco consideran los otros 4.200 millones de dólares que las Fuerzas Armadas tienen guardados y sin uso en sus cuentas corrientes, destinados a hipotéticas compras de aviones, submarinos o tanques.
Sin considerar el gasto en mantenimiento, Chile destinará de esta forma casi 15.000 millones de dólares a la compra de armas en este período, incluyendo los ahorros existentes para este ítem y los ingresos presupuestarios futuros.
Son cifras poco racionales, por decir lo menos, dadas las urgentes carencias sociales y la enorme capacidad bélica del país, en comparación a los vecinos.
Los planes futuros de adquisiciones de las Fuerzas Armadas buscan fortalecer la defensa antiaérea, mejorar la movilidad de tropas (que tan mal estuvo en el terremoto) y mejorar la coordinación de la fuerza con la incorporación de tecnología.
Aunque aceptemos que estos requerimientos son necesarios, debemos concordar en que no son urgentes y que adquirir fuerzas acorazadas, helicópteros de asalto, fragatas antiaéreas o submarinos puede hacerse con calma hoy o en cuatro años.
Por ello, la sociedad chilena debiera concordar una moratoria de cuatro años en su compra de armas, lo que le permitiría movilizar de 8.000 a 9.000 millones de dólares a políticas e inversiones sociales, sumando los ingresos anuales por este concepto y los ahorros en poder de las Fuerzas Armadas.
Esos recursos permitirían renovar por ejemplo, la red hospitalaria de Chile, crear un fondo solidario de pensiones y mejorar la infraestructura de colegios y universidades públicas, sin subir un sólo peso los impuestos. Es decir, mejorar la vida de millones de personas con fondos ya existentes.
La compra millonaria de armas, ítem que ya consumió 10.000 millones de dólares entre 1990 y 2012, podría retomar su senda al fin de la moratoria, tal vez luego de una revisión calmada de cuál debe ser su nivel.
En un país con profundas inequidades sociales, políticas y territoriales, la primera prioridad debe ser la integración social, como elemento central de una gobernabilidad democrática.
Gastar sin pausa miles de millones de dólares en armas es una bofetada a miles de chilenos. Debe haber una política de Defensa, pero razonable.
No en vano, ¿cuántas vidas mejorarán para siempre con que sólo hagamos una moratoria de cuatro años en la compra de armas? Es viable, posible y, sobre todo, necesario. Son unos 8.000 a 9.000 millones de dólares que pueden tener estratégicos fines sociales. No lo olvidemos.
Nota del autor: Las cifras contenidas en esta columna de opinión fueron incluidas en un reportaje de la Agencia Alemana de Prensa, que recogió estudios del analista de Defensa, Eduardo Santos y las propias cifras de Codelco, que por ley debe destinar el diez por ciento de sus ventas para financiar las Fuerzas Armadas.