En un poco menos de nueve meses los chilenos estaremos votando para elegir un nuevo Presidente, un nuevo Parlamento y nuevos Cores regionales. La escala de tiempo es extremadamente corta. La Oposición se apresta a realizar una elección primaria el 30 de junio para definir su candidato(a) presidencial.
El resultado es predecible y los desafiantes saben que el mejor logro, ante Michelle Bachelet, es quedar segundo y por lo tanto en condiciones de ejercer un liderazgo con proyecciones. El 1° de julio entramos en la campaña presidencial propiamente tal y finalmente en noviembre se concurre a votar.
Por cierto, todo esto cuelga del hecho de que Michelle, en su eventual retorno a Chile, a fines de marzo asuma la candidatura presidencial junto al PPD y el PS, partidos que la apoyan directamente. Este es un escenario.
El Gobierno de Piñera tiene una muy baja adhesión, pero la derecha como tal cuenta con un capital electoral importante. Esto se verá reflejado en la elección parlamentaria y, en medio del sistema binominal, es previsible que la derecha mantenga su capacidad de veto. Esto es, un parlamento empatado.
La Alianza por Chile podría perder el Gobierno, pero mantendría un importante dominio en el Congreso. El modelo político y económico, por tanto, no se vería fundamentalmente alterado. Lo nuevo es la elección de Cores. Sus nombres estarán en la papeleta de votación y está por verse cómo será la campaña de los candidatos y de qué manera los partidos políticos es esforzarán por aclarar adecuadamente ante los ciudadanos qué es un Core.
Ahora hay un aspecto que debiera importar a la oposición y a la más probable candidata presidencial, Michelle Bachelet: las expectativas de gran parte de la sociedad chilena son muy altas. En parte, esto se debe a que el Gobierno de Piñera ha defraudado a gran parte del país, incluso a un sector no menor de quienes votaron por él (en un eventual “castigo” a la antigua concertación).
Pero en un sentido más amplio, la sociedad chilena y sus diversos actores han madurado mucho más en estos años, en términos de los derechos que reclaman al Estado: educación, salud, previsión, trabajo, defensa del medio ambiente, derechos de género y de pueblos indígenas, etc.
El reclamo por compromisos contraídos incumplidos y por la urgente necesidad de hacer realidad una sociedad más equitativa y justa, se hará sentir con mucha fuerza.
Entonces se requiere un Nuevo Pacto Social, acompañado por Reformas estructurales que sean posibles de realizar en un corto período de cuatro años y la capacidad de dar un sentido transparente y correcto al quehacer político.
Los partidos de la Oposición deberán entender que no pueden ofrecer menos que lo que se reclama; la sociedad deberá comprender que habrá que priorizar la agenda de cambios políticos y que no todas las demandas podrán ser asumidas plenamente y la principal candidatura presidencial tendrá que demostrar un equilibrio entre compromiso, programa y equipo que sea realmente capaz de reflejar el nuevo momento social y cultural de Chile, con un país menos dispuesto a más de lo mismo.
Parte de estos dilemas comenzarán a resolverse en este marzo. Y digo comenzarán, porque hay mucho todavía en debate.