Como era previsible, el Presidente de la República ha anunciado que pondrá suma urgencia al proyecto de Reconocimiento constitucional de nuestros Pueblos Indígenas y que enviará al Congreso el proyecto que crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Ambas iniciativas tienen su propia historia.
La idea de un reconocimiento constitucional viene siendo planteada por los indígenas de Chile, prácticamente, desde el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989 y no ha sido posible aprobarla pues, de manera sucesiva, las bancadas conservadoras se negaron a considerar el concepto de “Pueblos” y sólo admitieron el concepto de “poblaciones indígenas”, cuestión sistemáticamente rechazada por las organizaciones indígenas.
Tampoco fue posible avanzar por la constante reiteración de que Chile es un Estado unitario y que el pueblo chileno es uno solo, suponiéndose que la idea de “Pueblos Indígenas” venía a romper esta uniformidad….Nada más erróneo, tal como quedó confirmado posteriormente con la aprobación del Convenio 169 de la OIT en el 2008, que valora y considera como fundamentales la diversidad cultural y la identidad propia de los Pueblos originarios y señala que en nada, esa diversidad, afecta la unidad de un Estado.Por el contrario, le brinda una mayor profundidad y legitimidad.
Aprobado el Convenio 169 nada impide que el reconocimiento constitucional sea debatido en el Congreso y aprobado bajo este nuevo marco de referencia y es claro que, conforme a las normas del Convenio, dicho reconocimiento no puede ser menor a los estándares de este tratado internacional, entre otros el de los derechos colectivos y el derecho a la autodeterminación territorial.
En consecuencia, y dado que el Convenio 169 apela a la buena fe de las partes, en esta ocasión esperamos que el Gobierno y el Congreso actúen, efectivamente, de buena fe, reconociendo los considerandos que el Convenio 169 impone como marco jurídico y que los contenidos del proyecto sean consultados con los Pueblos indígenas de Chile.
El segundo anuncio relativo a la creación de un Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, la idea corresponde en realidad al proyecto que la Presidenta Michelle Bachelet ingresó al Congreso en Enero del 2010.
El objetivo es superar cualitativamente la representación indígena en un organismo secundario del Estado, como la Conadi (en donde se eligen solo 8 representantes indígenas), por una representación auténticamente nacional de todos los Pueblos Indígenas, en una entidad propia, autónoma, con financiamiento público independiente de la voluntad de los gobiernos de turno, con iniciativa de Ley y con capacidad fiscalizadora de las políticas de Estado en relación con los Pueblos Indígenas.
La iniciativa de un Consejo o Asamblea o Parlamento de los Pueblos no es de este Gobierno pero sí es valorable que se reponga el proyecto anterior y que se debata con los indígenas y finalmente se apruebe en el Congreso.
Por cierto, hay diversas otras medidas que requieren respuestas concretas del Gobierno, como por ejemplo la disposición de recursos extraordinarios para concluir el programa de compra de tierras que se arrastra desde el 2009; la descompresión de la carga policial en comunidades afectadas por conflictos de tierras no resueltos; el debido proceso a quienes estén afectados por investigaciones judiciales; una amnistía para presos mapuches por razones de conciencia y el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado, en el 2003, y señalados en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato, que entre otros aspectos conlleva la necesidad de reconocer y excusar la responsabilidad del Estado en los actos de injusticia cometidos en contra de los Pueblos Indígenas desde la llamada “Pacificación de la Araucanía”.
Los anuncios del Presidente son valorables pero se requiere voluntad política del oficialismo y de la oposición para avanzar en la concreción de estas ideas, lo cual permitirá abrir mejores caminos para una relación pacífica y justa entre el Estado de Chile y sus Pueblos Originarios.