Entre las injusticias que existen en el privatizado sistema de educación superior en nuestro país, está la situación de alrededor de 106 mil familias chilenas afectadas por el llamado crédito Corfo, que se convirtió en una burbuja financiera que favorece a la banca y perjudica a los estudiantes y sus padres.
Son miles de jóvenes que viven una tragedia personal y familiar por el sólo hecho de buscar la manera de poder estudiar una carrera universitaria. Existen innumerables testimonios de familias cuyas casas fueron o están en peligro de ser embargadas por atrasos en los pagos del crédito Corfo, muchas veces con padres desempleados o enfermos. En paralelo, las ganancias de los bancos que dan estos créditos son enormes.
La rebaja en la tasa de interés al 2%, como se exigió para equiparar estos “préstamos” al Crédito con Aval del Estado (CAE), sólo alcanzó a unos 90 mil estudiantes. Sorprendente y contradictoriamente quedaron excluidos los morosos y los pertenecientes al décimo decil, a pesar de que muchas de esas familias tienen ingresos de clase media que sufren pagando las altas cuotas financieras.
El caso más patético es de los morosos que repactaron la deuda, quedando en manos de los bancos y deben cancelar como si se trata de créditos de consumo.Además, hay denuncias contra entidades bancarias que engañaron a los padres o los jóvenes y les ofrecieron créditos Corfo cuando en realidad estaban bajo las condiciones de préstamos bancarios. Los que repactaron, por lo demás, perdieron el beneficio de la rebaja de interés, cuando estaban dentro del grupo con más dificultades para pagar…por eso quedaron morosos. Y ahora el Estado los castiga.
El esfuerzo académico también se castiga. El estudiante que hace un posgrado, no tiene derecho a la rebaja al 2%.
Una situación no sólo anómala sino kafkiana se produce con el requisito de tener un aval, que es el deudor o tutor de la deuda. En muchos casos esos son familiares, amigos, vecinos, gente cercana a la familia. Se pide que ese aval tenga solvencia económica para garantizar el posible pago que tuviera que hacer. Entonces los jóvenes recurren a quienes tienen buenos ingresos.
Resulta que a la hora de solicitar los datos al joven para definir su situación, se consideran los antecedentes del aval, quedando muchos estudiantes y sus familias sin acceso a los beneficios porque se les mide de acuerdo al tutor de la deuda, pese a que la familia tenga escasos ingresos.
Otro mecanismo que usa la banca es ofrecerles a los padres endeudados un crédito para cubrir lo que deben y así puedan tener acceso al crédito Corfo. De esa manera, quedan endeudados con el crédito de consumo o bancario, más el crédito para que el hijo o la hija estudie.
Los casos tomados individualmente son dramáticos. Es un suplicio familiar sólo para que una hija o un hijo pueda estudiar.
Se suma que ahora se dio plazo hasta el 15 de enero para entregar antecedentes y acceder a los beneficios de pago. Pero todo está tan enredado, hay tantos problemas mediantes, que los estudiantes y sus familias están pidiendo que el plazo se extienda a lo menos a un año.
Además, se está solicitando que el SERNAC intervenga en todo lo relacionado con la acción de los bancos. Y que el gobierno se interiorice bien de lo que está ocurriendo y adopte medidas realmente eficaces para los jóvenes que usan el crédito Corfo.
El gobierno no puede seguir presentando las cosas como que ya están solucionadas y hacer oídos sordos a todas las demandas y situaciones anómalas en torno de las 106 mil familias vinculadas al crédito Corfo.
En la Cámara de Diputados, los legisladores seguiremos atentos al desarrollo de esta situación, exigiendo que se encuentren soluciones equitativas, realistas y de apoyo del Estado a estos compatriotas.
Se debe terminar con esta burbuja financiera elevada a costa de miles de jóvenes chilenos que lo que exigen finalmente, es su derecho a estudiar.