Cuando se discutió el proyecto de ley que creó el actual sistema de acreditación universitaria, siendo senador, hice las siguientes reflexiones críticas frente a la iniciativa durante su discusión en general, que me parece oportuno recordar.
“El señor Viera-Gallo”.- “Señor Presidente, aquí se produce una disyuntiva muy fuerte entre lo que se quiere y lo que se puede. Y cuando uno se enfrenta a ella, en política, debe hacer un juicio de prudencia.¿Cuál? Si el cambio es útil para rectificar lo que existe o se consolida lo que se desea modificar profundamente. Ese dilema, yo por lo menos –quiero señalarlo-, no lo tengo resuelto, sin perjuicio de mi adhesión, por cierto, al Gobierno del Presidente Lagos, y en particular al señor ministro de Educación y a la señora Directora de la División de Educación Superior, quienes deben enfrentar este complejo problema.
Acabamos de aprobar el proyecto de reforma sanitaria, mediante el cual se crea la Superintendencia de Salud, cuya labor es la acreditación de hospitales públicos y privados.Sin embargo, se trata de una institución estatal a cargo de un funcionario nombrado conforme al nuevo sistema que rige para las altas autoridades públicas.
¿Por qué en el caso que nos ocupa el órgano acreditador no es análogamente estatal, en el sentido puro y público del término, y no un ente híbrido público-privado? ¿Por qué se aplica un criterio para salud y otro distinto para educación, en circunstancias de que, obviamente, también hay negocio en los hospitales privados?
Otro punto que tampoco me queda claro se refiere a la acreditación. Si las personas que la realizarán son representantes de los acreditados, ¿no se podría generar así un interés corporativo donde al final nadie resuelva nada o, dicho de otra manera, en que todos sean acreditados? Porque, ¿quién se atreverá a decir “usted no” si el que determina tiene un negocio, hace clases, ha conseguido un pituto o se presentó junto con el requirente a cierto proyecto de investigación, etcétera? ¿Quién podrá decir que tal universidad no posee la calidad del caso?
Es dable considerar también lo manifestado por el senador Núñez en orden a que todo esto es voluntario. O sea, es como si se dijera: “Mire, la acreditación de los hospitales y de los quirófanos será voluntaria. ¿Por qué no puede ser; acaso no hay libertad de trabajo?Si se mueren los enfermos, allá ellos”.
El siguiente aspecto que no resulta transparente se relaciona con las agencias acreditadoras. Estoy de acuerdo en que se trate de entidades privadas. ¿Pero por qué serán primera instancia cuando, simplemente, van a emitir un informe que resolverá la Comisión Nacional de Acreditación? De lo contrario, ¿qué va ocurrir?Los profesores formarán sus propias agencias, las facultades podrán acreditar las carreras y, además, cobrar dinero. De esa situación tendrá que apelarse ante los mismos profesores que están en la Comisión Nacional de Acreditación.
“Otro punto que no me parece convincente apunta a lo que sigue. ¿Por qué se acreditan obligatoriamente las carreras de medicina y pedagogía, y no así la de derecho?¿Acaso los abogados no son auxiliares de la administración de justicia?¿La de ellos, por definición, no es una profesión que se mueve en el linde de lo público y lo privado? ¿No interesa a la sociedad que haya abogados honestos, veraces y bien formados? ¿O les gustaría seguir el ejemplo de las universidades que hoy en día los forman? ¿Por qué determinadas carreras sí y otras no?”
La oposición de la época recelaba de cualquier sistema de acreditación, aun voluntaria, pensando que se podía abrir la puerta para conculcar la libertad de enseñanza. ¿No había vivido tanto tiempo el sistema universitario sin necesidad de acreditarse?, sostenían.
El proyecto en discusión fue un primer paso. Muchas de las aprehensiones formuladas en esa época, lamentablemente, se confirmaron. Varios senadores planteábamos la necesidad de establecer un sistema de acreditación obligatoria y con una mayor intervención del Estado.
Luego de lo sucedido, es preciso cambiar profundamente el sistema actual. Un punto de partida puede ser la creación de una Superintendencia con facultades fiscalizadoras y sancionadoras suficientes, dotada de un personal permanente y con alta profesionalidad, como ocurre en otras áreas del Estado.