El asunto Casen-Cepal y cifra sobre pobreza, que muestra la pobreza valórica y estadística en Chile, ha concluido con el anuncio de la creación de un Instituto Nacional de Estadística (INE) de Chile, autónomo, transversal (palabra muy ocupada pero de oscuro significado), transparente y por ende independiente de los partidos políticos, poderes del Estado y fácticos, además de independiente de las grandes empresas y del mercado. No se atreven a decir el Instituto de Estadísticas del Estado de Chile.
Por fin queda claro en la práctica que Chile no tiene Estado, sino que su vida y desarrollo lo determinan los Poderes del Estado (Ejecutivo o Gobierno, Legislativo o Parlamento y Judicial o Cortes) muy disminuidos frente a los verdaderos Poderes Económicos oligárquicos principalmente comprometidos ideológicamente con la derecha económica.
El pueblo de Chile no tiene órganos autónomos, plurales y democráticos que generen las políticas de educación, salud, ciencia, cultura, desarrollo sustentable, energía y prácticamente ninguna materia útil para la población en general, en una forma universalmente participativa.
Desgraciadamente no somos Islandia, que ha cortado con esos poderes, dejado de pagar a los bancos y empresas en deuda con la plata de todos los islandeses y entregado estas instituciones a sus acreedores. Todo lo determinan los grandes capitales nacionales o transnacionales o, en escasa magnitud, algo afín dejado al poder politicoide.
Un organismo autónomo del Estado que realice las estadísticas socio-antropológicas, distribución de la pobreza, igualdad y desigualdad en la distribución del poder, la propiedad, el ingreso, los impuestos, etc.
La estadística en salud, condiciones de atención, tiempos de espera, morbilidad, mortalidad, cobertura según estrato-socioeconómico o etnia, equidad y desigualdad en Municipalidades, etc.
La estadística en educación, probabilidades de éxito en toda la educación según estrato socio-económico, etnia, municipalidad, rendimientos educacionales, etc.
La estadística laboral, del ingreso, contribuciones, salarios, capitales, etc. Pero también la estimación de parámetros de la población chilena como son los de salud, curvas de crecimiento y desarrollo, parámetros sanguíneos, hormonales, de fluidos corporales, etc.
Transparencia en lo que somos, no somos y tenemos o no tenemos los chilenos.
Es también concordante la petición de todas las Sociedades Científicas de Chile, ante el traslado de Conicyt desde el ministerio de Educación (la sartén) al ministerio de Economía (las brasas), de generar un organismo autónomo del Estado que desarrolle una política estatal de ciencia en Chile.
El Parlamento trata de aprobar una ley sobre carrera docente. Pero la carrera docente como la carrera académica (para la cual no hay ni siquiera un proyecto de ley, aunque es la única instancia de acreditación seria de la educación superior) son cuerpos legales cuyas bases deben darlas en su totalidad los profesores o los académicos.
Pastelero a tus pasteles. Solo los pares pueden generar un reglamento de carrera para los pares, y esto sólo ocurrirá cuando haya un organismo estatal autónomo de educación.
Sin haber INE estatal ha trascendido que la indicación de parto por cesárea en Chile está cerca del 70% cuando las recomendaciones internacionales son cercanas al 15%. ¿Porqué tan alto porcentaje?
La respuesta sobre el interés lucrativo se contradice con que está costando casi lo mismo (para el médico que atiende) el parto vaginal y la cesárea. No se dice que esto ha sucedido porque se ha encarecido el parto vaginal y no abaratado la cesárea.
El parto normal vaginal no necesita de médico y la matrona o matrón están capacitados para hacerlo bien, y de tiempo en tiempo un carabinero lo hace. También se argumenta que las madres piden, por diferentes razones (estéticas incluidas) la cesárea.
Pero, aún con la ley de derechos y deberes del paciente, ¿es ético que la madre decida un procedimiento en salud que tiene riesgos que ella en general no puede evaluar plenamente?
Un organismo autónomo del Estado de Chile ya tendría normativas al respecto en una política de desarrollo de la salud en Chile, generada independientemente de los partidos políticos, de los poderes del Estado, del mercado y de los poderes fácticos de las empresas de salud o relacionadas con ellas.
¿Cuánto ganan las Isapres, empresas de salud, profesionales y cuánto pierden los imponentes, pacientes, usuarios o clientes? Vale la pena saberlo por todos transparentemente, pero hay que tener herramientas democráticas y legales para intervenir en el caso de que haya atención técnica, científica y éticamente deficitaria.
No es tan sólo y simplemente un problema de satisfacción del consumidor, es un problema ético profundo, del que los consumidores en general no saben y no pueden estar conscientes.
Sin embargo el Proyecto de Ley de recuperación de la tuición ética profesional presentado hace unos tres años en el Parlamento duerme un sueño profundo o decora el Oriente Eterno.