Ante las elecciones Municipales del próximo domingo y la incógnita del comportamiento de los votantes nuevos y antiguos, ha resurgido el debate sobre el voto voluntario. Más allá de las razones esgrimidas por partidarios y detractores que van desde la filosofía política hasta el análisis empírico de las experiencias de otros países, me parece importante recordar algunos datos del contexto en el cual se propuso y se aprobó la reforma constitucional con una amplia mayoría parlamentaria y con un fuerte respaldo ciudadano durante el Gobierno de M. Bachelet.
La legislación electoral establecía la inscripción electoral voluntaria. Esta regla se apartaba de la tradición previa a 1973. En esa época se exigía la inscripción electoral para numerosos trámites en el Estado. En los hechos era obligatoria. Al introducir su voluntariedad, se abrió una brecha entre el cuerpo electoral potencial – todos losmayores de 18 años que no tuvieran un impedimento legal para sufragar – y el padrón electoral efectivo. Esta distancia se fue acentuando con el correr de los años hasta alcanzar un número exorbitante de personas no inscritas – cerca de 4 millones – con alto porcentaje de jóvenes.
El padrón electoral quedó congelado.
Por otra parte, el sistema de inscripción era arcaico. Las Juntas Inscriptoras no funcionaban todo el tiempo necesario y generalmente lo hacían en lugares no frecuentados por los ciudadanos. Muchos, entonces, eran reacios a hacer el trámite y quedaban marginados del proceso electoral.
Frecuentemente, al fragor de una campaña, se entusiasmaban por votar, pero ya no podían hacerlo por no haberse inscrito en el período determinado por la ley. El padrón electoral envejecía y no era espejo de la ciudadanía.
La primera tarea era entonces, terminar con esas barreras burocráticas y facilitar a todos la posibilidad de sufragar. La tecnología, además, permitía la inscripción automática mediante el envío por parte del Registro Civil de la lista de potenciales votantes al Servicio Electoral.Algunos levantaron sospechas sobre la confiabilidad de la información proveniente del Registro Civil por ser éste un servicio dependiente del Gobierno.
La reforma legal que comentamos resolvió todas esas objeciones modernizando el Servicio Electoral y abriendo la posibilidad para auditorías externas al padrón.
Pero para hacer este cambio tan necesario y obtener las mayorías suficientes en el Congreso, era necesario el voto voluntario. La oposición de la época no daba su apoyo para establecer la inscripción automática si se mantenía el voto obligatorio y, por otra parte, en muchos partidos había mayoría en favor del voto voluntario. La opción real era, entonces, entre mantener el sistema introducido por el gobierno militar consistente en la inscripción voluntaria y el voto obligatorio o bien cambiarlo por inscripción automática y voto voluntario. No he visto a nadie argumentar a favor del sistema anterior.
Inscripción automática y voto obligatorio no reunía los votos necesarios en el Parlamento. Tampoco el voto obligatorio contaba con apoyo ciudadano.
Por lo demás, el voto en la práctica nunca fue realmente obligatorio. Jamás se sancionó a nadie por no sufragar. Los Juzgados de Policía Local no tenían capacidad real para cursar las infracciones. Por eso siempre se terminaba dictando una ley de amnistía perdonando esas infracciones a la ley electoral. El voto era obligatorio a “la chilena”, con letra chica como se dice ahora. Era un sistema parecido al de las nulidades matrimoniales. No había divorcio, pero todos se podían anular fácilmente.
El nuevo sistema que se pondrá a prueba en los próximos comicios sincerará la realidad. Antes muchos comentaristas y analistas de los procesos electorales al contabilizar la abstención, no tomaban en cuenta a la inmensa masa de los no inscritos. Por eso los porcentajes de abstención eran tan bajos, pero engañosos.Escondían el abstencionismo efectivo de los no inscritos. El domingo sabremos cuantos ciudadanos sufragarán y se podrá comparar esa cifra con la anterior, con una diferencia: que esa cifra reflejará fielmente la realidad, la voluntad efectiva de los ciudadanos por participar.
Resulta evidente que esa voluntad es diferente en una elección municipal que en una presidencial, pues lo que está en juego es de diversa entidad. Es probable que haya mayor abstención en aquellas comunas donde la relección del Alcalde es segura, porque el interés por decidir sobre los concejales es menor. En cambio, allí donde la disputa aparece reñida, los ciudadanos concurrirán con mayor facilidad a zanjar la elección. Por otra parte, debiera haber mayor afluencia a las urnas en una elección presidencial.
La concurrencia de los ciudadanos a sufragar no se puede imponer por ley. Debe nacer de una convicción que se asienta en la cultura cívica de un pueblo. Será tarea de los candidatos en cada oportunidad, despertar el entusiasmo de la gente para que aflore con fuerza la responsabilidad que todos tenemos sobre los destinos del país.
Se ha sostenido que de la experiencia comparada se podría inferir que el voto voluntario favorece a los sectores más acomodados. Con facilidad se trasladan esas experiencias a la realidad nacional. El plebiscito de 1988 es un desmentido a esas afirmaciones. Cuando la gente sabe que hay algo importante en juego, participa. No porque lo prescriba una ley, sino por un imperativo de conciencia. ¿Existe algún estudio sobre el sesgo social que podría haber habido en la inscripción voluntaria?
La inscripción automática es un primer paso importante, además, para modernizar nuestro régimen electoral. Queda todavía mucho camino por recorrer: el voto electrónico, el voto de los ciudadanos que viven fuera del país, el voto por carta o a distancia. Pero es un paso significativo en la puesta al día de nuestro sistema político. La iniciativa nació como una propuesta de reforma constitucional en el Gobierno de M. Bachelet y luego de aprobada, se envió e lrespectivo proyecto de ley, que terminó de tramitarse durante este Gobierno. Hay que darle tiempo para evaluar sus efectos.
En todo caso, cualquier discusión sobre el tema debe partir de los datos de la realidad.