En los últimos días hemos sido testigos de varios casos, en reparticiones públicas, de negligencia, desprolijidad, ineficiencia e incluso ya hay quienes hablan de corrupción. En La Moneda están preocupados, no ha sido fácil y la agenda se pone cada vez peor.
Porque a los casos medioambientales que han sido noticia incluso en el exterior, y nos referimos al fallo por el caso del proyecto termoeléctrico Castilla –agregado las polémicas declaraciones de la ministra de medioambiente y del propio Presidente – y a la frustrada licitación del litio, en un verdadero papelón, hoy sumamos la denuncia en torno a una millonaria licitación con sobre precios de equipos antidroga a cargo del ministerio del Interior y, lea bien, el extravío de más de mil kilos de droga incautada que debía ser destruida por los servicios públicos y que se esfumó.
Así las cosas, todo indica que algo no anda bien y por ello , cabe preguntarse dónde está el piloto, dónde está quien debe velar porque los procedimientos públicos se realicen en el marco de la legalidad vigente, de la transparencia adecuada y con ajuste total a nuestras normas constitucionales. Se prometió eficiencia, gestión, y, hoy, observamos con preocupación lo contrario.
El litio, la condonación millonaria a Johnson’s , las listas Auge, la polémica por las cifras Casen, las denuncias por acciones proselitistas de algunos ministros presidenciables, el extravío de droga, la licitación con sobre precios, en fin, no cabe duda que los últimos meses han sido prolíficos en relación a hechos cuestionados por la opinión pública, fundamentalmente en lo que a toma de decisiones en reparticiones públicas respecta.
No es menor que una unidad especializada en delitos, de alta complejidad de la PDI incaute computadores desde La Moneda y que, por otra parte, aun no sepamos dónde quedaron los mil kilos de droga perdidos. Insisto, ¿dónde está el piloto?
Las renuncias son una buena señal, sin duda, pero obviamente hay un camino por recorrer para aclarar estos hechos ante la opinión pública.
Por ello, esperamos que la Contraloría General de la República establezca las responsabilidades administrativas respectivas, en todos los casos mencionados y que el Ministerio Público trabaje acuciosamente para reunir los antecedentes necesarios que permitan a la Justicia avanzar en los juicios y establecer las responsabilidades penales.
Nuestra bancada ha desplegado varias acciones al respecto y esperamos que la fiscalización iniciada prospere con la colaboración de todos.
El buen uso de los recursos públicos no es una utopía ni una realidad ajena a los sistemas democráticos, muy por el contrario, de allí la importancia de una fiscalización activa y de una actitud proactiva por parte de quienes están en el Ejecutivo. Las responsabilidades deben asumirse, sea quien sea.