El gobierno del Presidente Piñera ha anulado la licitación para suscribir contratos especiales de operación para el litio en todo el territorio nacional. El oferente ganador del mencionado concurso había obviado uno de los requisitos, “no tener litigios pendientes con el Fisco de Chile”, habiendo declarado juradamente lo contrario.
En este momento, aún queda pendiente revisar la impugnación hecha por Li Energy en orden a adjudicarse la licitación que SQM había obtenido erróneamente. En un sinfín de errores, el Comité Especial del Litio -ente creado administrativamente- también ha quedado prácticamente acéfalo por el alejamiento de las personas que lo componían.
El proceso, por tanto, se ha visto viciado en lo formal y en lo sustantivo.
En lo sustantivo también, porque lo que sostiene a estos contratos especiales de operación no son lo que la propia Constitución de 1980 consideró. La verdadera sinergia público-privada que sí se ha dado en los contratos relativos a los hidrocarburos.
Ante la contumacia del gobierno en persistir en concesionar el litio por la vía administrativa, los senadores y dirigentes sociales que hemos accionado contra este decreto que sienta las bases de los contratos especiales de operación hemos decidido continuar indefinidamente con la acción de nulidad de derecho público.
El gobierno del Presidente Piñera no nos ha dejado otro camino: se ha negado sistemáticamente a conversar de temas estratégicos y de largo plazo en la sede que corresponde, nos ha obviado y hemos decidido tomar la vía judicial. Nuestros tribunales, donde se radica el máximo conocimiento y la interpretación de las leyes, sabrán ponderar con independencia nuestros argumentos.
El apoyo de la gente ha sido irrestricto. La concesión de nuestros recursos estratégicos a un precio irrisorio y sin considerar los matices en materia medioambiental ni administrativa, ha calado hondo en los ciudadanos.
La pertenencia de los recursos naturales a la comunidad nacional es un derecho fundamental. El Gobierno lo ha vulnerado gravemente, ha conducido un proceso administrativo improvisado que ha causado grave bochorno a un país conocido por la seguridad en materia de inversiones y su seriedad en los contratos que suscribe.
Reiteramos que el litio es un mineral estratégico para el país, no concesible, y por ende, su explotación debe ser tema de debate público, en el Parlamento y de cara a la ciudadanía.