Una vistosa arremetida ha lanzado el comunismo chileno en mi contra, desconociendo la lucha que llevamos adelante durante décadas por reformas constitucionales que avancen hacia una nueva Constitución en Chile. Me culpan, de manera gratuita, de no facilitar una “Asamblea Constituyente”, como si las cosas fueran tan simples y el destino de los países tan fácil.
La acusación comunista llega a lo absurdo. Se olvida que las fuerzas reaccionarias de ultraderecha son aquellas que han apostado a la solución extra-constitucional de las encrucijadas históricas vividas por nuestro país.
Así fue el alzamiento contra el Presidente José Manuel Balmaceda, en 1891; lo fueron los cuartelazos contra Arturo Alessandri, en los años ’20 del siglo pasado, acusándolo de populismo; lo fue el llamado “ariostazo”, contra el Frente Popular, poco más de una década después; también lo fue el “Tacnazo” de Viaux contra el Presidente Frei Montalva, en 1969; así como la conspiración de ultraderecha que condujo al asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider, en octubre de 1970, para impedir la asunción de Salvador Allende a la Presidencia; y lo fue, por supuesto, el golpe de Estado de 1973, contra el mismo Presidente Salvador Allende.
Después, en los años ’90, también Pinochet hizo cuartelazos, como el “boinazo” y el “ejercicio de enlace”, pero ya en su etapa de decadencia definitiva.
Es decir, el quiebre institucional en Chile ha sido propiciado por las fuerzas ultraconservadoras contra el proceso de avance de las corrientes progresistas, independientemente de la diversidad de sus orígenes y propuestas.
Sostengo, en consecuencia, que desde la izquierda no se puede hacer lo mismo. Es decir, propiciar una línea de conducta que, como no tenemos la mayoría necesaria para reemplazar la actual institucionalidad con los votos necesarios en el Congreso Nacional, entonces se levanta la bandera de una “asamblea constituyente”. Una política de esa naturaleza no logrará la mayoría necesaria para sustentarse en nuestro país.
Las reformas constitucionales son necesarias y posibles. Fijar como política de izquierda que debe haber una “asamblea constituyente” para realizarlas significa que tales reformas difícilmente se alcanzarán o que, incluso, no se alcancen en ningún caso.
Es decir, quienes se auto titulan o se consideran revolucionarios son los inmovilistas y conservadores. No importan los epítetos de “irresponsable” y “antidemocrático” que me asigna el señor Teillier; el diputado comunista, en entrevista pública, ha manifestado su convicción de que llegó “la hora” para “terminar con toda aquella institucionalidad que fue establecida bajo la dictadura”.
Con ello, el líder comunista hace explícito un voluntarismo, un deseo muy arraigado, pero no una carta de navegación, es decir, una estrategia política coherente que oriente los pasos de las fuerzas progresistas en el próximo período y que permita resolver la encrucijada que bloquea el desarrollo nacional para las próximas décadas.
Esa bifurcación de los caminos se da entre quienes impulsamos reformas para resolver la desigualdad que asfixia la atmósfera y genera la crisis de desconfianza o el desencanto hacia el sistema político; y los que esperan, desde la derecha, que la disyuntiva se resuelva con un nuevo y más fuerte despliegue de la potencia del mercado.
Es decir, en el seno de la sociedad chilena hay dos grandes impulsos: reformas democrático-institucionales hacia un Estado protector; o reformas neoliberales para otra etapa de auge del libremercadismo.
Me atrevo a citar a un líder comunista que nadie podría desconocer en su condición de tal, ni en su capacidad como gobernante, Deng Xiao Ping, con su terminante conclusión: “no importa el color del gato, lo importante es que cace ratones”.Mientras se dispersen las fuerzas populares en propuestas acerca de cómo es el gato, perderemos un tiempo político precioso y no se logrará que cace ratones.
En otras palabras, si en un nuevo período de gobierno, después de Piñera, no avanzamos firmemente hacia un Estado protector capaz de limitar el descontrol, los abusos y la desregulación de la economía y no impedimos que se precipite un nuevo ciclo de libremercadismo, terminaremos con una sociedad desigual, polarizada y quebrantada, que afectará los cimientos mismos de la convivencia en el país. En tal circunstancia, no podremos eludir nuestra responsabilidad política por la impotencia con que habremos actuado en el curso de estos años.
En consecuencia, el cambio institucional que propiciamos hacia un Estado protector que supere las carencias del Estado subsidiario y enfrente el desafío de la desigualdad es una tarea que no se logra con una consigna o a través de un mero acto de voluntad, que conducen, irremediablemente, a alejarnos y separarnos de millones de personas cuyas propuestas y anhelos quedan a merced de lo que la derecha diga, haga u omita.
Por algo la derecha le quiere colgar el tema de la “constituyente” al liderazgo de Bachelet. Su capacidad de manipular esta consigna resulta evidente. De allí lo importante de no facilitar la confusión entre las reformas constitucionales pendientes y esta idea de una “asamblea constituyente”. No son la misma cosa. Son caminos estratégicamente distintos.
Sin embargo, hay que anotar que este no es sólo un tema de la contingencia. Se expresan en este dilema diferencias que se manifiestan desde la campaña del “No”, en 1988.
En efecto, en esa lucha épica del pueblo chileno, los comunistas se restaron, pues dijeron hasta el cansancio que era “bailar la música del tirano”. Pensaban en una sublevación popular que no ocurrió. Con su participación, el empuje del “No” habría sido mayor, dado la organicidad que se reconoce tiene ese partido. No lo hicieron. Al final de la campaña, llamaron a sumarse cuando las cartas ya estaban echadas.No fueron capaces de advertir el multitudinario movimiento social que surgió alrededor de la política del “No” y, sobre todo, de valorar la formidable fuerza unitaria que se generó en torno a la derrota de Pinochet en el plebiscito.
Ahora, nuevamente, ante demandas multitudinarias, como una educación gratuita y de calidad, se confunden, pensando en una solución extra-institucional que no es lo mismo que las reformas constitucionales pendientes que avanzan, a largo plazo, hacia una nueva Constitución en nuestro país.
Esta idea de una “crisis institucional” de los comunistas no se corresponde con la estrategia de una “vía no armada” que llegó a compartir con Salvador Allende, de sucesivas reformas y transformaciones institucionales que significaran una “vía chilena” frente al modelo monopartidista que se vino abajo en 1989, en la entonces Unión Soviética y su área de influencia.
Los socialistas, en cambio, asumimos el camino de las reformas, que es una senda compleja, con avances y retrocesos, no escondemos nuestra política ni pretendemos disfrazarla de ser ultra-revolucionaria, cuando el objetivo que buscamos es crear una mayoría nacional que pueda sostener transformaciones de largo plazo hacia cambios democráticos profundos, que puedan levantar en nuestro país un Estado social y democrático de derechos que libere a la familia y a la sociedad chilena de la inseguridad y la incertidumbre que provocan el descontrol sin regulaciones de un libremercadismo a ultranza.
La política socialista se sustenta en la confianza en las mayorías nacionales. Podría parecer que este camino no resulta ni tan épico ni tan heroico, pero es el camino que ha seguido la nación y el pueblo de Chile para tener democracia y libertad.