El gobierno ha instalado dos “mesas de trabajo” en relación a la situación de La Araucanía.La primera, relacionada con la “seguridad”; es decir, con el tratamiento policial a las demandas del pueblo mapuche; y, la segunda, para observar los “temas sociales asociados al conflicto”.
En ese orden. Claro, primero la seguridad y el despliegue policial; después, las consideraciones sociales. Esa es, por cierto, la orientación de quienes gobiernan. Primero asegurar condiciones para que, como señalan, “se puedan desarrollar con normalidad las actividades productivas” y luego, claro, lueeeeego, las condiciones sociales que generan los actos que ocurren en esa zona del país.
Ha llegado el momento, o tal vez llegó hace mucho, en que el país deba considerar que “el conflicto mapuche” excede, con mucho, la consideración de algunas cuestiones sociales involucradas y, por cierto, va mucho mas allá del orden policial que quiere imponer este gobierno, como si las condiciones de vida ancestrales se arreglaran a balazos. Habría que recordarles que eso ya lo intentó hace 160 años Cornelio Saavedra y, como muchas veces en la historia “los muertos que vos matasteis gozan de buena salud”.
Hoy se pretende nuevamente “pacificar la Araucanía”, como si fuera posible destinar cientos de carabineros, pagados por todos los chilenos, para proteger la riqueza de unos pocos, que han depredado la flora y fauna del territorio, transformando lo que alguna vez fue un lugar digno de habitar, en un conjunto de plantaciones forestales, que sólo benefician la codicia de sus dueños, ocupantes de dudosas credenciales de dominio, muchas veces conseguidas precisamente por la violencia que hoy reclaman y que por décadas han usado en contra de quienes se han opuesto, con argumentos históricos y éticos, a un despojo, no solo de sus propiedades, sino también de las condiciones mínimas de dignidad, que un pueblo nación había construido por siglos, antes de ser invadidos.
Puestas así las cosas, sólo quedan dos opciones y ellas son antagónicas. O se impone la “mesa social” o se impone la policial. Quienes gobiernan apuesta a la segunda, así protegen la propiedad privada, a los herederos de la primera pacificación, a los dominantes.
Otros queremos apostar por la integración de todos. Pero ello tiene una condición: que el Estado de Chile reconozca la existencia, antes que llegara el invasor, de un pueblo nación que habitó estas tierras, a quienes con el paso del tiempo le fueron usurpadas, en un proceso de vasallaje pocas veces conocido en la historia de la humanidad.
Los mapuches tienen derecho a que les sea respetada su historia, su cultura y que el Estado se haga cargo de la restitución de sus condiciones de vida antes de ser perseguidos por los vencedores en una guerra desigual que ellos ni empezaron ni nunca quisieron pelear.
Si esto no se produce, el conflicto no tiene solución. Ni ahora, ni en mucho tiempo más.No es posible seguir observando a la policía chilena disparar incluso contra niños, para defender la propiedad de algunos; ni casas, a veces modestas, quemadas como fruto de la irreflexión de algunos radicalizados.
El gobierno tiene la palabra. O camina de la mano de Hinzpeter o camina de la mano de la paz.
Los que nacimos en La Araucanía sabemos que es mejor el segundo camino. El gobierno también lo sabe. Pero como siempre, se necesita más coraje para hacer la paz, que para hacer la guerra.