Tal como lo preveíamos el Gobierno ha mostrado escaso interés en buscar acuerdos con la oposición que permitan aprobar el proyecto de ley de ajuste tributario, el que acaba de ser despachado al Senado para iniciar su segundo trámite constitucional. La verdad es que las autoridades no parecen estar dispuestas a modificar la iniciativa, la que no cumple con el objetivo para la cual fue diseñada que es financiar la reforma educacional.
Entre los aspectos que le hemos dicho al Ejecutivo que deben ser cambiados para votar favorablemente la propuesta, está en primer lugar, la disposición que –contra la opinión de todos los expertos- permite descontar impuestos por los gastos en educación, que beneficia a los quintiles de más altos ingresos y no al 81% de los contribuyentes, quienes pertenecen al tramo de ingresos que no paga este gravamen.
Con ello, además, se infringe un grave daño a la educación pública, ya que sólo favorece a la educación privada subvencionada, aumentando aún más los elevados niveles de segregación de nuestro sistema educacional. Por lo tanto, consideramos que si en este punto la iniciativa pretende beneficiar a un sector, éste debe ser la educación pública.
En segundo lugar, aunque parezca increíble y fuera de toda lógica, el proyecto establece una rebaja al impuesto a la renta a quienes reciben ingresos mensuales de entre 6 y 10 millones de pesos, segmento en el que se encuentran las autoridades de todos los poderes del Estado y de los organismos autónomos del Estado. Sinceramente, resulta impresentable que estemos legislando para favorecernos a nosotros mismos.
Y por último, la principal dificultad de esta iniciativa sigue siendo su escasa recaudación.
El Gobierno, luego de los cambios que introdujo al proyecto, asegura que se obtendrán US$ 1.230 millones, pero la verdad es que eso será sólo el primer año, el 2013, ya que a partir del 2014 bajará a US$ 712 millones, es decir, lo mismo que se habrían reunido con la propuesta anterior, cantidad que está muy lejos de los US$ 3.000 millones que se requieren para la reforma educacional.
Por eso, estamos pidiendo que al menos se adopte una medida adicional que permita compensar la diferencia de US$ 500 millones que se van a dejar de recaudar a partir del segundo año de entrada en vigencia de la ley, si es que finalmente se aprueba.
Raya para la suma, el ajuste tributario, mal llamada reforma, sigue siendo un esfuerzo muy modesto de cara a lo que necesita Chile y a lo que ha demandado la ciudadanía. Tal como van las cosas, más vale rechazarlo en el Senado para que la iniciativa vaya a una Comisión Mixta a ver si ahí las autoridades hacen los cambios que estamos proponiendo.Lamentablemente no hay ningún indicio de que eso vaya a ocurrir.
Por el contrario, una vez más estamos escuchando un lenguaje agresivo de parte de la derecha.Incluso, nos han acusado de recibir presiones antidemocráticas del Partido Comunista. Me parece que esos comentarios son un argumento propio de la guerra fría y no del siglo XXI.
Además, es un razonamiento extraño si consideramos que el proyecto estuvo cuatro meses en la Cámara de Diputados y nunca se votó, porque los mismos parlamentarios oficialistas no estaban dispuestos a respaldarlo, por lo que el Ejecutivo debió retirarlo y presentar uno nuevo. Entonces, ¿no es antidemocrático que las autoridades hayan cambiado la iniciativa por presión de sus propios diputados?
Lo que el oficialismo debe entender es que éste es un mal proyecto, hecho sin convicción, producto de la presión de la calle y no de la voluntad del Gobierno. Más grave aún es que se está engañando a la gente, diciéndole que es para juntar fondos para la educación, en circunstancias que los grandes favorecidos serán los sectores de más altos ingresos.
Sin perjuicio de lo anterior y tal como le hemos dicho en reiteradas ocasiones, seguimos disponibles para dialogar y buscar acuerdos. Yo espero que las autoridades recapaciten y se allanen a modificar la iniciativa al menos en los términos ya descritos, porque de lo contrario vemos muy difícil aprobarla.