La reacción de los empresarios de la educación, que controlan muchos centros de enseñanza superior y de sus representantes en el parlamento, frente al Informe acerca del funcionamiento de la Educación Superior ha sido de tal virulencia que sólo demuestra que quienes participamos en su elaboración no estábamos equivocados.
El “negocio” de la educación superior mueve varios miles de millones de dólares por año, en su mayoría aportados por el Estado, a través del Crédito que avala y de otras vías como el Aporte Fiscal Indirecto y otros mecanismos.
Salvo el Ministro Beyer, que se ha transformado en el representante de los que lucran con la educación en lugar de encargarse de la educación pública en el país, Chile entero sabe y ahora reconoce que, en general, el sistema de educación superior burla la ley y, por diversos mecanismos, lucra con los recursos que el Estado pone a disposición para el sistema.
Hemos puesto esta información a disposición de la Fiscalía Nacional, quien está investigando la probable existencia de delitos en la administración de los recursos que universidades e institutos controlan.
Lo que ya se sabe, indesmentiblemente, es que muchas de estas instituciones se transan en el mercado como cualquier otro bien. Claro, de manera encubierta; es decir, se compran y venden las participaciones en inmobiliarias y sociedades prestadoras de servicios que es, como ha quedado al desnudo, la manera en que lucran los dueños de las universidades.
La comunidad observa con indignación cómo se desarrolla una oferta reconocidamente de mala calidad y alto costo, que no entrega a la sociedad, profesionales que puedan aportar al país.
Muchos de los recursos aportados por el Estado quedan en la apropiación privada de excedentes ilegítimos; es decir, de aquel lucro prohibido, pero, como en la elusión tributaria, beneficia a quienes sólo ven la posibilidad de enriquecerse con recursos públicos, independiente de la calidad de la contraprestación del servicio que ofrecen.
Desgraciadamente así ha sido la historia del país. Las principales riquezas familiares se han hecho en torno a la capacidad de los sectores dominantes de capturar los recursos del Estado y, tras la apariencia de entregar servicios a los más necesitados, sólo terminan en su propio enriquecimiento, lo que contribuye a una sociedad cada vez más desigual.
La labor de la Cámara de Diputados es representar la crítica política y poner en conocimiento de los ciudadanos los elementos necesarios para reflexionar en torno a los temas que les afectan. Creemos haber cumplido esa misión.
Ahora, debemos enfrentarnos a la verdad, hoy compartida, impulsar la activación de todos los mecanismos de presión social y política tendientes a provocar el cambio necesario, a favor de una educación de mayor calidad; un soporte estatal que permita, efectivamente el acceso de todos y una estructura institucional que impida el lucro. Eso, sabemos es la aspiración de la inmensa mayoría.
También sabemos que algunos no nos acompañarán en este empeño: los empresarios de la educación, los representantes de ellos en la derecha y, desgraciadamente, el ministro de Educación.